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Desde hace más de un año, el Gobierno está tratando de rescindir “amistosamente” el convenio por el que el Mecanismo Covax, de las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud, se obligó el 1 de octubre de 2020 a proveer a nuestro país de 4.279.800 dosis de vacunas contra el coronavirus. Y bien, solo entregó 1.093.200, con sumo atraso, pese a haber cobrado un anticipo de 6.847.680 dólares, lo que hizo que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tuviera que recurrir a donaciones y a otros acuerdos bilaterales, con los consiguientes gastos adicionales.
Aparte de cancelar el contrato incumplido, cuya vigencia formal caducará dentro de dos meses, el Ministerio hace bien en pretender recuperar 5.670.990 dólares, una vez descontados del anticipo el valor de las dosis recibidas y agregados los costos de envío de los cuatro cargamentos recibidos. El último 6 de junio, el Mecanismo Covax hizo una contrapropuesta al pedido de reembolso, que está siendo analizada por la Procuraduría General de la República. Ese órgano internacional pidió más tiempo para expedirse, pues necesitaría más documentos. Se ignora el contenido de la contrapropuesta, en virtud de una “cláusula de confidencialidad” admitida por nuestro Gobierno, como si la compra de las dosis fuera un secreto de Estado.
En verdad, tardó bastante en llegar, pues ya el 31 de julio de 2022, el asesor jurídico del Ministerio, Gustavo Irala, había informado que el cocontratante respondería la propuesta paraguaya de rescisión amistosa “en un mes, como máximo”, tras concluir sus negociaciones con los laboratorios farmacéuticos, que ya le habrían vendido las dosis a ser entregadas al Ministerio; según el funcionario, existía “un reconocimiento por escrito de los fondos disponibles”, es decir, de los entregados inútilmente por nuestro país. Si la oferta del Mecanismo Covax consiste en entregar ahora las vacunas no recibidas en tiempo oportuno, resulta evidente que no debería ser aceptada, porque el coronavirus ya no es hoy una grave amenaza para la salud pública, tras haber dejado a su paso casi 20.000 fallecidos en nuestro país.
Al respecto, el ministro Julio Borba dijo en una entrevista radial que “algo de eso hay”, agregando que el país cuenta hoy con suficientes dosis y que, por tanto, ya no se aceptarían más. Su opinión es muy razonable: las vacunas no llegaron cuando debían haber llegado y hoy ya no son necesarias. Lo necesario es recuperar íntegramente la suma pagada en exceso, porque la contraprestación acordada distó mucho de ser completa. La abusiva “prima de riesgo” era la parte irrecuperable de lo abonado antes de otorgarse las licencias para acelerar la fabricación o el acceso seguro de las vacunas, pues algunas no iban a ser exitosas; las dosis recibidas con tanta demora por nuestro país sí lo fueron y el propio Mecanismo Covax admite haber hecho más compras, así que la “prima de riesgo” no puede ser invocada para negar la devolución de la suma que se viene reclamando con toda justicia.
Se espera que la Procuraduría General, encargada de defender los intereses patrimoniales de la República, se pronuncie en tal sentido y esté dispuesta a recurrir a instancias internacionales, quizá de acuerdo con otros países damnificados por el fiasco del Mecanismo Covax, para hacer valer el derecho al reembolso, si no fuera respetado. El daño sanitario y financiero causado al Paraguay por la “plataforma mundial” fue tremendo: debido al retraso de la campaña de vacunación, hasta mayo de 2021 tuvo que lamentar 15.000 víctimas, siendo el tercer país sudamericano con el menor índice de inmunizados. La devolución del dinero entregado en demasía debe ser innegociable y la actitud debe ser de firmeza si la otra parte se sigue negando a revertir el cobro en exceso, con toda mala fe.
El tiempo apremia, de modo que el próximo Gobierno tendrá que ocuparse cuanto antes de poner fin a este escandaloso asunto, que afectó tanto al erario como a la sanidad. La muy bien remunerada burocracia internacional no debe quedarse con el dinero de los habitantes de este país, miles de los cuales murieron por no haber sido vacunados con la rapidez necesaria, también por culpa del malhadado Mecanismo Covax.