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El último 25 de mayo, el equipo de transición del presidente electo Santiago Peña, liderado por Lea Giménez y José Alberto Alderete, pidió por nota al presidente Mario Abdo Benítez la suspensión de las licitaciones públicas que comprometan fondos durante dos o tres años. Si la solicitud no fuera atendida, ellas serían revisadas después del 15 de agosto, según amenazó Giménez en la ocasión. Y bien, el Instituto de Previsión Social (IPS) había llamado el 19 de abril a una licitación pública para la recolección, el transporte, el tratamiento y disposición final de los residuos patológicos de trece instalaciones sanitarias. Las ofertas fueron abiertas el 2 de junio y, ya el 21, el Consejo de Administración del instituto adjudicó por doce meses un contrato de 8.197 millones a la firma Wels SA, presidida por Manuel Peña Palacios, hermano de Santiago Peña, cuyo hijo Gonzalo hace de director suplente de la misma. Como representantes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aparecen Óscar Mongelós Pankow y Juan Carlos Fernández Barriocanal.
Presumiéndose que el nuevo gobierno designará a un nuevo director de la DNCP, y que este no tenga las agallas de hacer frente a la familia del próximo jefe de Estado, es necesario que este caso se mantenga en la mira. Por de pronto, el proceso licitatorio estaría en “evaluación”, hasta tanto la empresa adjudicataria remita los debidos documentos antes de que se inicien los trabajos, previa publicación del contrato. No es insensato presumir que la celeridad de los consejeros del IPS tuvo mucho que ver con la asunción presidencial del próximo 15 de agosto ni que, en adelante, Wels SA se vuelva un gran proveedor de bienes y servicios al Estado, tal como lo ha sido Engineering SAECA en el Gobierno de Marito, gracias a la estrecha amistad entre Juan Andrés Campos Cervera, titular de esa empresa, y el “cuñadazo” Jorge López Moreira. En adelante, no solo quienes dirijan el IPS y el futuro ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Felipe González, deberían tener en cuenta que la relación entre el nuevo presidente de la República y el de Wels SA y su director suplente será aún más cercana que la referida en relación a la “superproveedora”.
Empero, también deberían considerar, en su momento, ciertas normas de la Ley N° 7021/22, aunque aún no haya entrado en vigencia porque falta el decreto reglamentario, que tuvo que haber sido dictado dentro del plazo de 120 días a partir de su promulgación, ocurrida el 9 de diciembre. El art. 21 de esa ley prohíbe presentar propuestas y contratar con el Estado a las sociedades en las que los parientes del presidente de la República, hasta el segundo grado de consanguinidad, integren el directorio o los órganos de administración o fiscalización. Si se aplicaran estas disposiciones, sería nula la adjudicación de un contrato a la firma Wels SA. La corrupción que azota al país tiene mucho que ver con el amiguismo y con el nepotismo, que atentan contra el principio de igualdad y libre competencia en la materia en cuestión.
Sería innecesario sostener que la amistad y el parentesco no deben prevalecer sobre la ley, si no fuera porque impregnan la cultura político-administrativa del país, a costa del erario y de la población. A ello se suma el servilismo de los funcionarios, que están dispuestos a dictar resoluciones irregulares que agradarían al jefe o a sus allegados. Es presumible que los consejeros del IPS, a quienes les suele pasar sin problema entre las piernas la pelota de los negociados, creyeron que su pronta resolución tendría el beneplácito del presidente electo, así que se dieron prisa.
Siendo improbable que el director nacional de Contrataciones Públicas nombrado por Santiago Peña sancione eventualmente a la firma en la que aparecen un hijo y un hermano suyos, parece aconsejable que el actual, Pablo Seitz, examine cuidadosamente el proceso licitatorio que los ha favorecido. Resulta que la trayectoria del presidente del Consejo de Administración del IPS, Vicente Bataglia, y la de los miembros Ricardo Vicente Oviedo, Ludia Claudina Silvera, Miguel Ángel Doldán y Gustavo Ramón Arias, firmantes del acto administrativo de adjudicación del contrato, no los hace muy confiables. En fin, ya es hora de que el Poder Ejecutivo reglamente, a través del Ministerio de Hacienda, la ley antes citada, esto es, que no la siga ignorando para evitar componendas diversas, ligadas al cercano parentesco con personajes de las más altas esferas estatales.
En el pasado los habitantes de este país ya hemos escuchado tantas promesas que supuestamente apuntaban al bienestar del país, tales como “trabajo en primer lugar”, “caiga quien caiga”, “les vamos a cortar las manos a los ladrones”, “Paraguay de la gente”, y, ahora, “vamos a estar mejor”. A este paso, es probable que esta última se cumpla, por lo menos para la próxima familia presidencial.