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El designado próximo ministro de Hacienda Carlos Fernández Valdovinos ha dicho que la prioridad de su gestión será recuperar el poder adquisitivo del dinero de la gente. Cabe suponer que no lo dijo simplemente a título personal, sino previo acuerdo de pareceres con el presidente electo, Santiago Peña, con quien lo une una conocida relación profesional y con quien tuvo que haber conversado al respecto al momento de aceptar el cargo. Se trata de una importante señal enviada a la sociedad por el nuevo gobierno en materia económica, pero para ello tendrá que racionalizar el gasto público, reducir el déficit fiscal por lo menos a la mitad del actual y restablecer el equilibrio macroeconómico.
En lo que va de la administración de Mario Abdo Benítez los precios aumentaron en promedio el 26%, lo que significa que las familias perdieron más de un cuarto del valor de su dinero en cinco años. Para tener una idea de lo que esto significa, cada 7% de inflación anual equivale a un aguinaldo completo de un trabajador.
La suba de precios afecta duramente a los más pobres, debido que estos gastan todo lo que les ingresa, por lo que no tienen forma de escapar y el porcentaje de variación se refleja de manera automática y completa en sus finanzas. Pero es todavía peor de lo que parece, porque la inflación es y sigue siendo significativamente mayor en productos de primera necesidad, como alimentos. Desde que asumió este Gobierno, los bienes alimenticios subieron 39%, con un tremendo impacto en las familias de bajos ingresos, que gastan gran parte de lo que tienen en comida.
La principal causante de esta situación es la excesiva emisión monetaria para financiar déficit del sector público. Cuando sube el precio de un producto o de un grupo determinado de productos, como ha sido, por ejemplo, el caso de los combustibles por efecto de la guerra en Ucrania, puede deberse a un problema coyuntural. Pero si suben todos o casi todos los precios, siempre, sin excepción, se debe a un desequilibrio monetario.
Existe la falsa idea de que cuanto más dinero haya en una economía, mejor, pero es un gran engaño. El dinero es un simple bien de cambio, no implica riqueza en sí mismo, sino en relación con lo que se puede adquirir con él. Una economía debe tener la cantidad justa de dinero para representar los bienes y servicios que produce, porque si emite más de lo necesario, inmediatamente esa moneda pierde su valor en comparación con los bienes y servicios que debe comprar. Esa es la inflación.
En Paraguay, con la excusa de la pandemia de por medio, los billetes y moneda en circulación (M0) pasaron de 11,6 billones de guaraníes cuando asumió este Gobierno en agosto de 2018 a 18,1 billones en diciembre de 2021, para solo entonces comenzar a bajar paulatinamente con medidas de restricción adoptadas por el Banco Central, que a su vez afectaron las tasas de interés y la inversión.
Eso es un 56% de aumento de circulante frente a un crecimiento del PIB del 3,6% en el mismo período. Consecuentemente, la inflación media anual pasó del 3,2% en 2018 al 6,8% al cierre de 2021, alcanzando los dos dígitos y manteniéndose arriba del 10% a lo largo de casi todo 2022, y ubicándose en torno al 5% en la actualidad, aún por arriba de un rango razonable.
Para reducir la inflación hay que retirar el exceso de circulante, pero hay un límite de lo que puede hacer al respecto el Banco Central. Prueba de ello es que, con todas las medidas que ha estado tomando, con efecto en la contracción del crédito y del crecimiento económico, el M0 a mayo seguía en 17,6 billones de guaraníes, todavía más del 50% por encima de la misma variable cuando comenzó este Gobierno.
Por lo tanto, solo queda racionalizar el gasto público, sobre todo el gasto corriente, que no genera retorno. Al gastar más de lo que recauda, el Estado solo tiene dos formas de cubrir el agujero: con endeudamiento, que se disparó a las nubes, y con emisión monetaria. Si se sigue con estos niveles de saldo rojo, seguirá habiendo inflación y cada vez será peor.
Nominalmente el déficit actual es del 2,7% del PIB, pero el propio Fernández Valdovinos declaró que es una cifra maquillada, que no incluye obligaciones asumidas y no contabilizadas, como las deudas impagas a contratistas de obras públicas y salud. Estimó el déficit real en torno al 5% del PIB, si bien eso fue posteriormente desmentido por el Ministerio de Hacienda. Como sea, para restaurar cierto equilibrio, por lo menos debe reducirse de inmediato al tope máximo de 1,5% del PIB que establece la bastardeada ley de responsabilidad fiscal.
Si el nuevo gobierno está dispuesto a ordenar la casa, bienvenido sea. Pronto tendrá su primera prueba de fuego, con la elaboración y tratamiento del Presupuesto 2024. Allí se verá si realmente existe la voluntad política de “recuperar el valor adquisitivo del dinero de la gente”, como promete Fernández, o si son solo palabras.