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Datos preliminares del último censo tienden a confirmar lo que algunos observadores ya venían advirtiendo. Todo indica que la población paraguaya es significativamente menor a la que se estimaba y se tomaba como referencia, probablemente esté por debajo de los 7 millones de habitantes, quizás en torno a los 6.800.000, aunque el número exacto todavía debe precisarse. Lo que a más de uno pudiera parecerle un dato interesante, pero secundario, tiene extraordinaria relevancia en todo el andamiaje estadístico del país, así como en el diseño, planificación y aplicación de una amplia gama de políticas públicas, y aun en la toma de decisiones en el sector privado. Para empezar, el Paraguay ha agotado lo que se conoce como “bono demográfico”, ya no puede apostar a un alto crecimiento vegetativo por simple utilización intensiva de mano de obra, ahora debe concentrarse en capacitar a la fuerza laboral existente e incorporar tecnología para aumentar la productividad de la economía nacional.
El bono demográfico es una circunstancia que se da por única vez. En países donde hay una cuantiosa base de niños, a medida que la fecundidad decrece y que esos niños se hacen jóvenes se produce un fenómeno en el que la población económicamente activa, integrada por las personas que participan en el mercado laboral como ocupadas o como demandantes activas de ocupación económica, supera ampliamente a la población pasiva, sea por edad o por cualquier otro motivo.
Es un período particularmente favorable para el crecimiento económico, ya que el mismo se da por la simple ecuación de que hay muchas más personas que producen que las que solo consumen. Paraguay lo capitalizó sobre todo en las décadas del 2000 y del 2010, lapso en el cual la variación del producto interno bruto (PIB) fue del 36% en términos constantes según los datos oficiales (probablemente mayor, debido al subregistro) con un importante incremento de la participación industrial, principalmente por efecto de la maquila, y del sector de servicios, ambos grandes utilizadores de mano de obra.
Sin embargo, Paraguay no escapa a la tendencia natural moderna de una caída continua de la tasa de fecundidad, que incluso sería mucho menor que la que se creía, alrededor de 1,4 hijos por mujer según lo que está mostrando el censo, contra 2,5 que se tenía por oficial. La consecuencia es que la fuerza de trabajo ya no será reemplazada en la misma proporción y cada vez será menor en comparación con el sector pasivo, con el paulatino envejecimiento de la población. A esto hay que agregar el importante hecho de que muchos emigran y, en contrapartida, se detuvo la inmigración de jóvenes. Si la hay, es mayormente de personas de mediana edad que ya no vienen a formar familia.
Por lo tanto, por un lado, ya no podremos depender de la abundancia de “mano de obra joven” para sostener el crecimiento económico, sino que habrá que incrementar fuertemente la productividad, sin pérdida de tiempo. Y, por otro lado, hay que realizar reformas urgentes en el sistema de seguridad social, porque en un plazo no tan largo habrá una gran porción de la población en edad de retiro y es fundamental generar ya ahora ahorros jubilatorios. Las contribuciones se tienen que universalizar y hacerse obligatorias, como en la mayoría de los países, incluso y sobre todo para los cuentapropistas, que componen la mayor parte de la fuerza laboral.
Los nuevos datos poblacionales deben igualmente ser considerados para redefinir y focalizar mejor las políticas sociales, con el objetivo de asegurar que los recursos de los contribuyentes destinados a combatir la pobreza y la pobreza extrema lleguen efectivamente a los sectores que verdaderamente lo necesitan y no se desvíen en el camino, por razones políticas o de presión o las que fueran, hacia grupos que, más allá de las carencias que siempre hay, pueden y deben procurarse sus ingresos por la vía del trabajo, como lo hace la gran mayoría.
Esto es particularmente importante para el sector rural, cuya incidencia en términos poblacionales ha estado sistemáticamente sobreestimada. El nuevo censo debe establecer claramente cuántas personas verdaderamente residen en áreas rurales (probablemente bastante menos del 30% del total) y ajustar a partir de ahí todas las estadísticas y las políticas. Ello debe complementarse sin demora con los datos del Censo Agropecuario, realizado el año pasado por el MAG, cuyos resultados se conocen a cuentagotas.
El presidente electo, Santiago Peña, tendría que formar un equipo técnico de alto nivel que reúna la nueva información disponible, exija su rápida consolidación y analice sus implicancias. No se puede pretender mejorar la realidad si no se la conoce, eso es absurdo, es como practicar una cirugía sin imágenes ni análisis clínicos, o llevar adelante una empresa sin contabilidad. Con manotazos de ciegos no “vamos a estar mejor”.