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La imputación contra el extitular de Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), Óscar Boidanich, y sus exsubordinadas apunta a desentrañar lo que parece ser una escandalosa cronología de ocultamiento y obstrucción de la persecución y ejecución penal en investigaciones sobre el brasileño, que después se naturalizó paraguayo, Darío Messer. Exceptuando un episodio del 2012, las casi 30 páginas contienen reportes, informes y presuntos encubrimientos ocurridos en un sinfín de episodios durante el gobierno de Horacio Cartes, el expresidente quien consideraba a Messer su “hermano del alma”. El desglose es revelador con fechas, días, reportes ignorados, riesgos que iban creciendo, y hasta una demanda de Messer a la institución para que se borraran sus antecedentes. La imputación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera contra Óscar Atilio Boidanich, Raquel Concepción Cuevas y Melissa María del Mar Parodi por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal es un escándalo que describe detalladamente cómo el organismo de prevención de lavado de activos funcionó, bajo la administración de Cartes, presuntamente como cómplice y encubridor de Messer.
Si bien se pensaba que el mayor escándalo era el inequívoco e inmoral hecho de que Óscar Boidanich cobró más de 1.000 millones de guaraníes del Grupo Cartes después de abandonar su gestión como secretario de Seprelad, la imputación fiscal devela peores escenarios. Demuestra reveladoramente cómo la Seprelad del Gobierno de Cartes (orgánicamente presidido por el propio expresidente) iba ignorando, acumulando y ninguneando serias notificaciones realizadas por bancos de plaza contra empresas y contra el propio brasileño de origen israelí naturalizado paraguayo.
La crónica fiscal demuestra que cuanto más crecía la influencia de Messer en el gobierno de Horacio Cartes –formando parte de delegaciones oficiales del Estado paraguayo en visitas a Israel o Argentina, o formando parte de equipos que aparentemente pretendieron quedarse con tierras del Estado paraguayo en Ciudad del Este, por ejemplo– en forma inversamente proporcional al poderío que iba adquiriendo, se cajoneaban los reportes de operaciones sospechosas (ROS). Fueron tan escandalosos los ocultamientos que las fechas de las pocas veces que los funcionarios de Seprelad analizaban las documentaciones referidas al “hermano del alma”, las mismas coincidían con publicaciones que iba haciendo nuestro diario.
Se ocultaron datos del 2012, 2015 y, en el peor de los escenarios, se ocultó un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Brasil del 23 de noviembre de 2016, donde reportaban que Messer estaba siendo investigado por lavado de dinero, crímenes financieros, corrupción y crimen organizado en el vecino país. Este informe fue completamente ninguneado mientras crecía la alerta de RIESGO ALTO y también se agrandaba la influencia del brasileño naturalizado paraguayo. Se paseaba con ministros del Gobierno, con autoridades regionales; negociaba en nombre del Estado paraguayo, integraba misiones oficiales del Poder Ejecutivo y hasta le adjudicaban por decreto propiedades que constituían reservas ambientales.
Tanta alevosía quedó revelada la mañana del 17 de abril de 2018 cuando nuestro diario desplegó a tres páginas la forma en la cual el brasileño naturalizado paraguayo estaba operando financieramente –bajo serias sospechas de lavado de dinero en Paraguay– descargando en el estatal Banco Nacional de Fomento (BNF) fondos desde bancos extranjeros. Los documentos internos de Seprelad demuestran que, alertados por nuestra publicación del 17 de abril de 2018, donde dábamos cuenta de que Messer tenía varias cuentas en Suiza (en el mismo banco donde habían sido halladas anteriormente cuentas bancarias de Horacio Cartes), Boidanich movilizó urgentemente a sus funcionarios para cambiar fechas de informes, evaluaciones y reunión de su comisión. Aprontó la documentación en una carpeta que raudamente fue a revolear al Ministerio Público de Sandra Quiñónez, quien llevaba apenas unas semanas como Fiscala General del Estado.
Lo que hizo Boidanich despertó la furia dentro de la Fiscalía General del Estado porque insinuaba que el Ministerio Público nada había hecho con los reportes de Seprelad. Los documentos de la entidad antilavado contenían datos que habían sido ocultados al Ministerio Público, que nunca habían sido reportados y denunciados, tal como estaban obligados.
Fue tanta la indignación del Ministerio Público que la fiscala general del Estado lo dejó en constancia en una gacetilla de prensa el 6 de mayo de 2018. La entonces novel fiscala general del Estado Sandra Quiñónez dejó un furibundo mensaje: “El dictamen referido también reveló que dicho informe de la Seprelad remitido el 17 de abril con sello de Mesa de Entrada, databa desde la Dirección de Análisis Financiero dependiente de la Seprelad, preliminarmente, desde diciembre de 2017 e, incluso, siempre en forma preliminar, se desliza que la entidad estaba a conocimiento con mucha más anterioridad, incluso años que correspondieran al 2015 y 2016. Por esta razón, entre los informes a ser solicitados, se pedirá a la Seprelad que informe y explique el motivo por el cual se produjeron estos ‘retardos en la remisión de la información’ y el motivo por el cual recién en fecha 17 de abril enviaron los datos que estaban a su conocimiento” (Las negritas son nuestras).
En otras palabras, Sandra Quiñónez acusó públicamente a Óscar Boidanich de haber ocultado información que databa del 2015, 2016 y 2017, inclusive. Y amenazó con pedir que INFORMARAN Y EXPLICARAN el motivo por el cual se produjeron estos “retardos en la remisión de la información y el motivo por el cual recién en fecha 17 de abril enviaron los datos que estaban a su conocimiento”.
Dicho de otra manera, la Sandra Quiñónez de sus primeros tiempos de gestión crucificó públicamente al entonces titular de Seprelad… pero nunca lo procesó. Su indignación llegó apenas a una gacetilla de prensa en redes sociales; la verdadera imputación llegó la semana pasada, cinco años y un mes después de su furia pública.
Y es que poco tiempo después, Sandra Quiñónez habría de agiornarse también a Darío Messer, tal cual lo había estado haciendo Seprelad. La Fiscalía paraguaya nunca avanzó lo suficiente sobre Messer, y tampoco escarbó sobre los lazos que tenía dentro del Gobierno y, mucho menos, hizo el trabajo de investigar el ocultamiento de Seprelad, con Boidanich a la cabeza. Muchos años después, el Ministerio Público reivindica su accionar y demuestra que había demasiados motivos para investigar a Messer, y a Óscar Boidanich ni qué decir. Había sospechas de lavado de dinero y de obstrucción a la persecución y ejecución penal que no importaron en abril de 2018, hechos que en junio de 2023 –cinco años después– podrían llevar a la cárcel a los responsables.
La crónica de la imputación fiscal a Boidanich parece una escandalosa pieza literaria de impunidad, lavado de dinero, ocultamiento, encubrimiento y complicidad. Más que nada, históricamente termina de armar el rompecabezas que explica cómo todo se articuló para permitir que Darío Messer se convirtiera en prófugo y burlara con éxito total las leyes de la República del Paraguay en complicidad de los más altos poderes del Estado y sus órganos de control.