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El gerente de Administración y Finanzas del Instituto de Previsión Social, José Luis Urízar, ha confirmado que desde 2020 se extraen 20.000 millones de guaraníes mensuales de las reservas técnicas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para cubrir la totalidad de los pagos a los 19.000 jubilados y pensionados que tiene el ente en la actualidad. Lo trascendental de la noticia no es que se utilicen las reservas para ese fin, porque para eso están. Lo grave es que el principal sistema de ahorro jubilatorio compulsivo del país ha entrado en déficit incluso mucho antes de lo esperado. Vale decir que sus ingresos ordinarios ya no le alcanzan para solventar sus compromisos y que, finalmente, ha llegado el temido momento en que comienza a comerse la cola.
El que el Fondo de Jubilaciones esté en saldo rojo no puede sorprender a nadie, porque, literalmente, hace décadas que todos los estudios actuariales vienen consistentemente advirtiendo que ello iba a ocurrir más temprano que tarde, y ni los gobiernos, ni las bancadas parlamentarias, ni los sucesivos presidentes del ente, ni los miembros del Consejo de Administración, que pareciera que solo están allí para recibir sus altos salarios y privilegios, han hecho nunca absolutamente nada al respecto. Al contrario, han permitido y hasta alentado permanentes “manotazos” a los fondos de los trabajadores.
Los estudios actuariales son simulaciones econométricas que combinan las distintas variables para determinar la viabilidad y la solvencia de los esquemas de seguros en el tiempo. El IPS mandó a hacer varios desde los años 90 y en todos los casos las proyecciones indicaron una futura quiebra técnica, con plazos que se fueron acortando peligrosamente cada vez más. El último conocido fue anterior a la pandemia y concluyó que el flujo de caja comenzaría a dar pérdidas en 2038 y que las reservas (constituidas por los ahorros monetarios, los aportes estatales, las inversiones financieras y el patrimonio inmobiliario) durarían, a lo sumo, treinta años más en el mejor de los casos.
Urízar dijo que ya se llevan utilizados 400.000 millones de guaraníes de tales reservas y lo atribuyó, primero, a la pandemia, tanto por gastos extraordinarios como por reducción de recaudaciones, y, segundo, al ajuste de los haberes jubilatorios de un sector que recibía montos por debajo del sueldo mínimo.
Efectivamente, durante la crisis sanitaria se sometió al IPS a presiones que, además de muy onerosas, fueron de dudosa legalidad y hasta violatorias de la Constitución. Las sucesivas leyes de emergencia le obligaron a pagar por cesantías de contratos de trabajo, una figura no prevista en la carta orgánica, además de compensaciones económicas por aislamiento preventivo y amplias suspensiones o reducciones de aportes patronales de sectores afectados por las restricciones.
Sin embargo, más allá de esa circunstancia atípica, el problema del IPS es mucho más estructural y requiere medidas urgentes y profundas para, si no eliminar totalmente el riesgo, por lo menos postergarlo lo más posible y asegurar que los que hoy están aportando puedan el día de mañana recibir su jubilación.
En primer lugar, hay que ser firmes en el cumplimiento de la ley. El IPS tiene 650.000 cotizantes activos y recauda por aporte obrero-patronal unos 90 millones de dólares al mes, de los cuales el 39% va al Fondo de Salud, el 54% al Fondo de Jubilaciones y Pensiones y el 7% a gastos administrativos, lo cual, dicho sea de paso, es muchísimo (para tener una idea, las administradoras privadas de fondos de pensión de Chile cobran por su gestión entre 0,58 y 1,45%). La cifra es considerable, pero la evasión es enorme. Solo 65.000 empresas están inscriptas, de las 700.000 que habría en el país, según estimación del MIC.
En segundo lugar, hay que llevar adelante un sinceramiento general, porque hay también una gigantesca evasión indirecta, por la vía de la subdeclaración. El 80% de los asegurados del IPS aporta por el sueldo mínimo, con lo que acceden con sus familiares a los servicios universales de salud. Y como la jubilación se calcula sobre los salarios de los tres últimos años de la vida laboral, simplemente se blanquean en el trienio final.
En tercer lugar hay que modernizar y diversificar la cartera de inversiones, para mejorar los rendimientos en un marco de seguridad, incluyendo un manejo mucho más eficiente de los cuantiosos bienes inmobiliarios.
Finalmente, pero no por último, es fundamental someter al IPS (y a todos los entes previsionales) a un sistema superior de supervisión, que garantice que se adecue a normas y ratios de solvencia internacionalmente aceptados, identifique a tiempo los posibles desvíos y minimice los resquicios para la corrupción. Los que han manejado el IPS a su antojo, con los resultados a la vista, son los que se oponen férreamente a la fiscalización.
Este es sin duda uno de los grandes desafíos del próximo gobierno. Aparte de nombrar personas idóneas y honestas, Santiago Peña tendrá que animarse a realizar reformas que precautelen el futuro de los trabajadores, el ahorro nacional y la factibilidad del desarrollo del país, proteste quien proteste.