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Además de las autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso, el próximo 15 de agosto también asumirán sus respectivos cargos los 17 gobernadores y los 185 concejales departamentales, de cuyas actuaciones la población solo suele enterarse cuando estalla algún escándalo en el manejo de fondos públicos: las Gobernaciones no cuentan con oficinas recaudadoras, de modo que dependen de la puntualidad con que reciben estos fondos para ejercer sus modestas funciones que, de hecho, casi se reducen al pago de los sueldos de sus funcionarios y contratados, así como a la provisión del almuerzo y la merienda escolares.
Como esta última labor también corre a cargo de las municipalidades, resulta que, en lo esencial, los gobiernos departamentales solo se ocupan de sí mismos, sin que la población se beneficie en absoluto de este nivel político-administrativo constitucionalizado en 1992. La descentralización, de la que tanto se habló en aquel entonces, ha consistido menos en transferir competencias desde la capital hacia el interior del país que en atenuar en algo la disputa por las bancas del Congreso, permitiendo que los dirigentes políticos departamentales y sus respectivas clientelas se lancen a la conquista de cargos.
Los gobernadores ganan unos 25 millones de guaraníes mensuales, incluyendo gastos de representación, y los concejales 11 millones, así que les cuestan a los contribuyentes unos 3.352 millones de guaraníes al año, suma que bien podría tener mejores destinos, considerando la triste experiencia. Hay que decir en su descargo que sus remuneraciones están contempladas en el Presupuesto nacional, sancionado por el Poder Legislativo y promulgado por el Ejecutivo: la “culpa” sería, pues, ajena.
Que esos dos Poderes calculen los ingresos y dispongan las erogaciones de los gobiernos departamentales hace que, en realidad, no sean autónomos ni autárquicos, a diferencia de las municipalidades. De hecho, su mera existencia conlleva un derroche continuo sin contraprestación notoria alguna, algo que el Paraguay no puede permitirse; su existencia no se ha justificado hasta hoy, más aún considerando las corruptelas que salen a la luz a menudo, como las constatadas en Central, Caazapá, Guairá y Canindeyú, en cuanto al manejo de los fondos entregados para reactivar la economía tras la pandemia. Es sabido que tampoco los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo son gestionados con la honestidad y la eficiencia debidas, así que solo sería deseable que los nuevos gobernadores y concejales se esfuercen por comportarse mucho mejor que sus antecesores, en el marco de sus escasas atribuciones.
Para empezar, es necesario que el corte administrativo se haga como corresponde y que los gobernadores que adviertan la comisión de hechos punibles “heredados”, los denuncien de inmediato ante el Ministerio Público, sin perjuicio de que este actúe de oficio. Quien ejerce una función pública está legalmente obligado a denunciar todo delito del que tenga conocimiento por razón del cargo. De lo que se trata es de que, al menos, los gobernadores y los concejales no supongan una carga aún mayor para sus conciudadanos, absteniéndose de cometer ilicitudes o de encubrirlas. No es mucho pedir.
En otros términos, no se espera tanto que desarrollen el departamento, aunque su carta orgánica diga que, para el efecto, deben aprobar planes e integrar un Consejo: lo que se aguarda, más bien, es que no malversen ni permitan malversar, con lo cual ya harían un gran bien a este país castigado, entre otras tantas lacras, por el prebendarismo feroz, tan bien reflejado en las gobernaciones.
Alguna vez tendrá que debatirse si los gobiernos departamentales, tal como están configurados, tienen razón de ser. No contribuyen en nada al desarrollo nacional, a pesar de estar plagados de dependencias para ubicar a la clientela política. Entretanto, hay que evitar males mayores. Para ello, importa mucho que la población trate de averiguar lo que hacen o dejan de hacer esos organismos, ya que, al fin y al cabo, son financiados por ellos mismos: una perogrullada que siempre debe recordarse para tener en claro que el dinero público derrochado o desviado sale, directa o indirectamente, del bolsillo de todos. Poner bajo la lupa a los gobernadores y a los concejales no atañe solo a la Contraloría General de la República; también, y en gran medida, concierne a la ciudadanía, que no tiene por qué mantener a quienes no prestan ningún servicio apreciable ni mucho menos a unos ladrones, lamentablemente elegidos, sin saber tan siquiera qué atribuciones tienen. Por eso, es importante mantenerlos bajo la lupa ciudadana.