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Con mucho beneplácito, el Ministerio de Hacienda informó el pasado 20 de enero que, con un desembolso de 237,6 millones de dólares, terminó de cancelar el primer bono del Tesoro emitido desde que Paraguay reingresó al mercado internacional de deuda soberana en 2013, el cual originalmente fue de 500 millones de dólares y luego se incrementó a 780 millones. Lo que convenientemente se olvidó de agregar es que solo en el Presupuesto General aprobado para 2023, sin perjuicio de nuevas ampliaciones durante el año, está prevista la emisión de bonos por otros 565,2 millones de dólares, de los cuales 427 millones son para pagar deudas anteriores. El “bicicleteo” se inició esta última semana con la colocación de los primeros 25 millones de dólares en la plaza local, mayormente para cubrir vencimientos. Una bola de nieve cada vez más grande que nadie está haciendo lo necesario para detener.
La misma comenzó a rodar precisamente con ese primer bono que se acaba de “cancelar”, puntualmente el 17 de enero de 2013, hace casi exactamente diez años. Ese día Paraguay hizo su presentación en la Bolsa de Nueva York con aquel título de 500 millones de dólares, con muy buena acogida. Gracias a altas tasas de crecimiento por el auge de los commodities agrícolas, el país había logrado revertir la crítica situación de fines de los noventa y principios de la década del 2000, cuando entró en “cesación selectiva de pagos”, con un peso de la deuda que consumía por sí solo el 25% de todo el gasto de la administración central. Para 2013 ese porcentaje se había reducido al 5% y las condiciones macroeconómicas eran envidiables, por lo que el bono paraguayo captó gran interés entre los inversionistas, con 197 oferentes y una tasa de interés (4,6%) inusitada en la región.
En ese momento la exitosa colocación fue tomada como una buena noticia y lo era. Sin embargo, al mismo tiempo, tal como algunos temían y advertían, se abrió un grifo que nunca más se cerró. Los sucesivos gobiernos, concretamente el de Horacio Cartes y el de Mario Abdo Benítez, tuvieron a su disposición una tarjeta de crédito que les permitió, con anuencia de mayorías en el Congreso, endeudarse para financiar indiscriminadamente el gasto público y el déficit fiscal, sin necesidad de proyectos previos, ni de estudios de factibilidad ni de justificar prioridades o predeterminar asignaciones específicas.
El resultado está a la vista. En tan solo una década, el saldo de la deuda pública paraguaya pasó del 10% del PIB en 2013 al 37% del PIB en la actualidad, con tendencia creciente. El endeudamiento se duplicó durante la administración de Cartes y se volvió a duplicar, en progresión geométrica, en lo que va del mandato de Abdo Benítez. En el presente asciende a 15.000 millones de dólares, un monto equivalente a todo lo que destinó el Estado paraguayo a inversiones físicas, en términos reales, en los últimos veinte años.
Asimismo, el servicio de la deuda, es decir, lo que cuesta cada año pagar capital e intereses, que, como se mencionó, era del 5% del total del gasto de la administración central en 2013, ya es del 12,5% en el presupuesto vigente para 2023. Todavía no llega al 25% que alcanzó al principio del milenio, pero marcha en esa dirección y con una importante salvedad: aquel 25% era sobre un gasto de 10 billones de guaraníes, mientras que el actual 12,5% es sobre un gasto de 60 billones de guaraníes.
Con todo, contar con una tarjeta de crédito no es malo en sí mismo. El tema es en manos de quién y qué se hace con ella. Si ese aumento exponencial del endeudamiento hubiera servido para dotar al país de herramientas para su crecimiento y desarrollo, y para ampliar las capacidades de sus ciudadanos de aprovechar las oportunidades, por ejemplo optimizando los sistemas de educación y salud, entonces habría tenido el retorno suficiente y quizás se habría justificado con creces. Pero la realidad es muy distinta. La mayor parte se despilfarra en gastos corrientes del aparato estatal, en subsidios mal focalizados que favorecen a grupos de presión y a la clientela política antes que a los sectores más vulnerables, y en una generalizada corrupción, todo lo cual beneficia a una pequeña minoría en perjuicio del conjunto de la población.
Prueba de ello es que, con toda esa deuda contraída, Paraguay está entre los países de peor infraestructura de América Latina según el Índice Global de Competitividad. En cuanto a educación, si ya antes de la pandemia el 70% de los alumnos de 15 años no alcanzaba las competencias básicas en lectura y el 92% en matemática, asusta pensar cómo estarán ahora después de casi dos años de interrupción de clases. Y en cuanto a salud, pese a que prácticamente se le otorgó al Gobierno un cheque en blanco sin precedentes para enfrentar la reciente emergencia, el sistema sanitario público sigue tan precario como siempre.
Diez años después de aquella primera colocación, el país no está mucho mejor, en algunos sentidos está peor que antes, y con la soga al cuello, con su capacidad de endeudamiento agotada, con un incremento insostenible del gasto público, con obligaciones rígidas presupuestadas que se llevan el 90% de los ingresos ordinarios del Estado, con un alto déficit fiscal que se ha vuelto crónico, con una tendencia inflacionaria que no se veía hacía mucho tiempo. Que nos disculpe el Ministerio de Hacienda, pero no compartimos el beneplácito.