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Periódicamente, un grupo de campesinos viene a instalarse en el centro de Asunción, para exponer demandas repetidas, muchas de las cuales no se conceden a otros sectores de paraguayos igualmente tan necesitados como ellos. Como estos manifestantes ocasionan todo tipo de molestias a la gente trabajadora de la capital, frente a cuyos negocios y viviendas acampan, o a quienes deben dirigirse a sus actividades y enfrentan cierres de calles y rutas, las autoridades del Poder Ejecutivo asumen cualquier compromiso, aun a sabiendas de que son incumplibles por falta de dinero o sustento jurídico, con tal de desembarazarse de los molestos ocupantes, para que estos retornen a sus pagos. Y así, pasado un tiempo los campesinos vuelven a Asunción, como seguramente va a ocurrir otra vez, porque “el Gobierno no cumplió con sus promesas”.
Como ya se hizo tradición, entidades públicas y organizaciones “campesinas”, encabezadas por “líderes” no tan labriegos, sino citadinos de buen vivir, firman los “acuerdos de compromiso”, como ocurrió nuevamente ahora, para que el libre tránsito no sea afectado por quienes suelen imponer sus pretensiones violando derechos de terceros, ante la inoperancia de los encargados de velar por el cumplimiento de la ley. El hecho de que uno de los firmantes haya sido el ministro del Interior, Federico González, implica que estaba en juego el orden público y que el Gobierno de turno ha creído oportuno capitular, una vez más, ante las múltiples demandas extorsivas de siempre. Para mayor solemnidad, la capitulación gubernativa fue acordada en la sede del Congreso, uno de cuyos miembros, el senador José “Pakova” Ledesma (PLRA), también fue de la partida, ignorándose si lo hizo en representación del cuerpo que integra o a título personal.
Los otros signantes por parte del Estado fueron las máximas autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, de la Secretaría de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Los dirigentes “sociales” firmaron en nombre de la impresionante Coordinadora Nacional Intersectorial y Articulación Campesina, Indígena y Popular. La simple mención de los acordantes revela la amplitud de los temas abordados y de los sectores poblacionales incluidos.
Llamativamente, en el tercer punto del documento se dice que “el MH (Ministerio de Hacienda) se compromete a buscar los recursos para financiar el proyecto” de “mejoramiento del rendimiento de la producción agraria familiar”. Esto resulta curioso, porque el ministro Óscar Llamosas, quien viene rogando al cielo que no se aumenten los gastos del Presupuesto de la nación, no firmó el compromiso y, por tanto, no puede ser obligado a su cumplimiento.
Peor aún, en el sexto punto se lee que “con el BNF (Banco Nacional de Fomento), CAH (Crédito Agrícola de Habilitación) y BCP (Banco Central del Paraguay) se acuerda priorizar las gestiones para la regularización de deudas que registren estado procesal avanzado y la emisión de disposiciones excepcionales, que serán establecidas por el BCP, que permitan formalizar dichos compromisos”. Tampoco esos órganos estatales firmaron el convenio, de modo que vuelve a regir el principio de que lo realizado entre unos no puede ni beneficiar ni perjudicar a otros (“res inter alios acta”). Por lo demás, la Constitución prohíbe al BCP “adoptar acuerdo alguno que establezca, directa o indirectamente, normas o requisitos diferentes o discriminatorios y relativos a personas, instituciones o entidades que efectúan operaciones de la misma naturaleza”. En consecuencia, no podría, pues, emitir resoluciones que solo favorezcan a ciertos deudores.
La redacción de la cláusula acordada es algo confusa; el senador Ledesma, que fungiría de vocero oficioso del campesinado, fue mucho más claro y ambicioso ante la prensa: la cuestión sería que el Gobierno “congele” por uno o dos años los juicios que afectan a unos dos mil productores agropecuarios, por deudas contraídas en 2013 y 2014 con entidades financieras y bancarias privadas. Dejando de lado que se trataría de préstamos comerciales, lo grave aquí es que un legislador de un partido que se dice liberal ignore la división de poderes y, en particular, la independencia del Judicial: en ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, “podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes ni intervenir de cualquier modo en los juicios”.
El documento no solo discrimina entre los deudores, sino también, en general, entre quienes se ganan el pan con el sudor de la frente. En efecto, el primer punto dispone que, desde el mes en curso y para preparar el suelo, “se entregarán combustibles para tractores, semillas de maíz y cal agrícola”, sin que se identifique a los proveedores ni a los receptores, ni se disponga hasta cuándo. Situación propicia para que surjan las listas de beneficiarios que luego se deben depurar.
Surge la pregunta del motivo de la discriminación en pro de los labriegos: ¿por qué los artesanos, por ejemplo, no tendrían también derecho a recibir los insumos que requieren para elaborar sus productos? Y aquí viene una cuestión aún más inexplicable: “se entregarán Kit (sic) de alimentos para el último trimestre del año 2022 (...), más los 4.200 que faltan del acuerdo anterior suscrito en mayo de 2022. La SEN se compromete a gestionar una mayor cantidad de kits de alimentos”. Llama la atención que los beneficiarios sean precisamente agricultores, productores de alimentos, y que ni siquiera tengan artículos básicos para su subsistencia, y que tengan que ser los demás contribuyentes quienes les provean. ¡Increíble! Vale preguntar, entonces, ¿a qué se dedican estos “agricultores”? Y además, para que la ley sea pareja, ¿por qué no regalar esas cajas también a los desempleados de las ciudades, por ejemplo?
Como estos gastos adicionales exigirían reprogramaciones o ampliaciones presupuestarias, habrá que ver si el Congreso está dispuesto a consentir un acuerdo fundado en la mala fe y en la necedad, aunque no sería raro que admita el dispendio, atendiendo el calendario electoral.
Como se ve, nuevamente este acuerdo es tan absurdo que, como señalamos, el resultado será que dentro de poco tengamos a los mismos campesinos molestando nuevamente en el centro de Asunción. Las autoridades deberían tener el valor de enfrentarlos con la ley en la mano, para poner fin a una farsa tantas veces repetida.