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El direccionamiento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de la licitación pública internacional del estudio de consultoría al sistema Bus de Tránsito Rápido (BTR) dilató tres años la discusión de la modernización del transporte público.
La polémica comenzó en 2011, luego de que la referida cartera de Estado, bajo la administración de Efraín Alegre, solicitara al Congreso la aprobación del préstamo de US$ 165 millones para implementar el metrobús en el corredor Eusebio Ayala y la ruta Mariscal Estigarribia. Como sostiene un técnico conocedor del tema, el MOPC puso la carreta delante de los bueyes.
Los datos dan cuenta de que en agosto de 2010 lanzó la licitación pública internacional N° 141, denominada “Consultoría para el estudio de factibilidad final y diseño de ingeniería del servicio de transporte público, tipo Bus de Tránsito Rápido (BTR)”. Cinco consorcios de empresas presentaron sus ofertas. El 2 de noviembre de 2010 adjudicó al consorcio BRT BUS, integrado por las firmas GSD Plus de Colombia, Logit de Brasil y CIA SA de Paraguay, por poco más de G. 5.700 millones. Un mes después, ni bien comenzaba la ejecución del trabajo, el mismo Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá –que implementó el metrobús en la citada ciudad– se reunía con el entonces ministro de Hacienda Dionisio Borda para hablar del proyecto.
La historia hubiera sido diferente si convocaba a un estudio sobre las diversas opciones del transporte. De haber sido así, hoy tendríamos a mano las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas, para poder elegir el que permita una solución integral al problema por unos 20 a 25 años.
Riesgos de la implementación
A partir de allí, Obras Públicas comenzó a hacer lobby en el Congreso para conseguir la aprobación del millonario préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para implementar el metrobús.
Senadores aprobó, pero la Cámara de Diputados lo rechazó a mediados del mes de marzo del año pasado.
Ante la serie de cuestionamientos, el MOPC cambió del diésel a electricidad (trolebús), con lo cual el monto de la inversión subió a US$ 212 millones porque se tuvieron que incluir las catenarias (conexiones eléctricas).
Aun así, siguieron las críticas porque el proyecto contempla restar dos carriles de la avenida Eusebio Ayala para la circulación exclusiva del trolebús. Otras críticas se relacionan a los obstáculos en todo el corredor (viaductos), las expropiaciones que se deberán realizar, la competencia del MOPC en el tema transporte, entre otros.
El miércoles pasado, Diputados aplazó por segunda vez su estudio. Es para cambiar el proyecto a otro sistema, sin contar con ningún estudio.