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El único organismo avalado por la Constitución y que incluso en su momento ya se pronunció respecto a la deuda de la Itaipú, se llama CGR, insistió el técnico.
En efecto, el 16 de diciembre del 2010, la CGR emitió un histórico dictamen en el que, por primera vez, se declaró ilegal la deuda generada en los primeros años de operación de la usina. La conclusión se basa en el “arreglo de Brasilia y São Paulo de 1997”, que sumó al pasivo de la binacional US$ 4.193 millones, que se acumularon debido a las tarifas irreales que se aplicaron en beneficio del sector eléctrico brasileño.
“La rueda ya fue inventada. Si se permitió la publicación de los salarios, por qué no transparentar las deudas o acaso esta comisión, tal como pasó con la EBY 2014, va camino a terminar en otra “Acta de Entregamiento”, finalizó.