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De acuerdo con un informe remitido ayer por la CGR, 43 instituciones son auditadas en este 2018, que contemplan a su vez 140 actividades de control. Todos estos casos se refieren a anomalías denunciadas o bien, investigaciones de oficio del ente contralor.
En lo que respecta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), los datos indican que la mayoría de sus megaproyectos fueron impugnados por empresas que cuestionaron direccionamientos o trasgresión a la ley de Contrataciones Públicas. La Asociación Público Privada (APP) para inversiones en el aeropuerto Silvio Pettirossi es uno de los casos emblemáticos, ya que la CGR se expidió en contra del proceso y determinó que se debe hacer un nuevo llamado, debido a que el MOPC violó su propio pliego al dejar como virtual adjudicada a la empresa Sacyr, con procesos en varios países del mundo.
Pero el Ministerio, con Ramón Jiménez Gaona a la cabeza, recurrió el dictamen del ente contralor y el caso se encuentra hoy día varado en la Corte, a la que se le pidió una “certeza constitucional”, figura inexistente en nuestra legislación pero que este Gobierno ha utilizado para justificar varios tipos de atropellos.
El criticado metrobús
También se denunciaron irregularidades en el proyecto metrobús, no sólo ante la Contraloría sino también ante el Ministerio Público. Este emprendimiento se inició con un precio contratado de G. 300.417 millones por el tramo 2 y 3 y hoy la cifra trepó a casi G. 404.000 millones. Pero no sólo llama la atención el aumento de la tarifa a pagar a la contratista Mota Engil, sino además las reprogramaciones debido a que dicha empresa no ha cumplido los plazos establecidos inicialmente. Se cuestiona también al MOPC por haber firmado contrato sin tener los permisos municipales correspondientes y ni siquiera contar con un proyecto ejecutivo.
El recientemente inaugurado “corredor de exportación” (Natalio-Los Cedrales) también es objeto de pesquisa, tras una denuncia de la firma T&C a inicios de este año. Obras Públicas hizo un llamado sin detallar los requisitos para participar, lo cual derivó en que de 12 oferentes, 7 fueron descalificados por presentar mal sus ofertas. Además, en uno de los lotes descalificó a la mejor propuesta (de Santa Fe SA) por haber cometido un error de tipeo y esto implicará pagar US$ 12 millones más. La beneficiada fue Ecomipa SA, de Juan C. Wasmosy, que se quedó con el paquete de obras.
Además, ante la Fiscalía se denunció que en el “superviaducto” faltan obras por al menos US$ 3 millones, que se presumen fueron utilizados en coimas. Así lo denunció el mismo proyectista de esta obra, Ing. Hermann Pankow.
Por otro lado, la Administración Nacional de Navegación y Puertos está siendo investigada por la cesión del puerto Concepción bajo la figura “alianza operacional estratégica”, incumpliendo leyes que regulan ese tipo de operaciones (ley de APP o la ley de concesiones). Entregaron el puerto a la firma Baden, cuyos accionistas están ligados al padre del ministro Jiménez Gaona.
Según la información oficial, la CGR también investiga el uso que dio la Industria Nacional del Cemento (INC) a los US$ 67 millones que le entregó el Gobierno más otros US$ 14 millones; asimismo, la licitación de Petropar para valuación de activos, que apuntaba según las denuncias a comprar estaciones de Axion por US$ 60 millones, proyecto que fue finalmente abortado.
Desprecio al control
En conversación con ABC, el contralor Enrique García señaló ayer que estas auditorías se llevan adelante con un enfoque de “competencias integradas de las áreas temáticamente diferenciadas de la CGR”, que logran un informe integral de la gestión pública y del uso de los recursos. Los resultados, si ameritan, se envían a la Fiscalía. Sin embargo, García señaló que hay un desprecio hacia el control. “No es posible auditar eficientemente la utilización de los recursos públicos cuando el presupuesto que destina el presupuesto general a la CGR no llega a más de 0,15 por ciento, según las últimas estimaciones. Esto significa que el control es una actividad despreciada por el stablishment y ello es expresión además de una arraigada contracultura que ve en el control y en la CGR, un instrumento de extorsión o de blanqueo”, dijo.
Ampliaron auditorías
Por Resolución Nº 176 del 27 de marzo de 2018, la CGR amplió el Plan General de Auditorías para el presente año y se establecieron los procedimientos a ser aplicados con relación al desarrollo de las actividades de control. Según datos recibidos ayer, la lista de instituciones auditadas incluye al Ministerio de Salud, Hacienda, Interior, Defensa Nacional, MEC, MAG, MIC, Secretaría Técnica de Planificación (STP), ANDE, Essap, BNF, Copaco, IPS, BCP, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y otros.