Jiménez Gaona dijo que el referido tramo, que incluye calles como Eduardo Víctor Haedo, Luis Alberto de Herrera y Pettirossi, es la única vía que existe para que el metrobús sea practicable y tenga sustento económico-financiero. “Para que el servicio se pueda dar, debe ser sobre ese trazado, que ya fue aprobado por la municipalidad (de Asunción)”, insistió el secretario de Estado luego de una reunión que mantuvo con la ministra de Hacienda, Lea Giménez, en la sede de la cartera fiscal.

Los frentistas de las referidas calles de la capital en los últimos días intensificaron las manifestaciones en contra de este trazado y piden que se suspenda el proyecto o se modifique el trayecto previsto para el microcentro.

El día anterior, también tras una reunión con la ministra de Hacienda, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eduardo Almeida, adelantó que una eventual modificación del trazado volvería inviable económicamente el proyecto.

El BID es el organismo que financia este proyecto con un préstamo de US$ 125 millones, que incluye la reconversión urbana.

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El crédito tiene apenas un nivel de ejecución de 21% y un plazo máximo es hasta diciembre del presente año, aunque la entidad lo ampliará apenas el gobierno lo solicite.

Jiménez Gaona expresó que comunicarán lo mejor posible a los frentistas para que sepan “cuándo entramos, cuándo salimos, cuándo ponemos el servicio a disposición de la gente”. En ese contexto, afirmó que esta obra implica también mejoras de los servicios públicos en Asunción, no solamente del transporte y que son obras que en algún momento se debe hacer y que este es el mejor momento para ese corredor.

Sobre la indemnización a los frentistas, el ministro expresó que están en proceso de identificar a los grupos vulnerables (inquilinos, pequeños negocios), de acuerdo a las reglas establecidas por el BID, para ser sujetos de algún tipo de compensación, que no necesariamente tiene que ser en dinero, aclaró.

En lo que se refiere a los propietarios frentistas de la avenida Eusebio Ayala, dijo que va a significar un incremento muy importante en el valor de sus propiedades y que no se les pide que paguen por todas las mejoras que tendrán.

Los resultados de la redefinición de grupos vulnerables se agregaría al proyecto, pero el costo aún se desconoce porque se está en esa etapa, agregó. En ese sentido, indico que inicialmente se tenía unos G. 4.000 millones para apoyar las gestiones sociales.