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Una de las ilegalidades referidas en la auditoría de la Contraloría General de la República al ejercicio 2012 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es el pago de subsidio a la empresa La Limpeña (Línea 49), propiedad del diputado liberal Celso Maldonado, por cuatro vehículos que estaban fuera de circulación.
Los funcionarios del Viceministerio de Transporte, dependiente del MOPC, argumentaron que “se limitaban a chequear las documentaciones de ITV (inspección técnica vehicular), de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Setama), y no verificaban de forma física los vehículos registrados para realizar los desembolsos”.
Los auditores tampoco encontraron los documentos que respalden los pagos por valor de G. 29.000 millones. Constataron, además, pagos indebidos por la suma de G. 5.100 millones a 21 empresas de transporte.
La explicación es que el ente regulador suprimido en 2014, la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Setama), aumentó el parque automotor de las empresas y el MOPC no actualizó su planilla.
Finalmente, los empresarios retornaron el dinero al Estado, lo que no iba a ocurrir si los auditores de la Contraloría de la República no exigían las documentaciones respaldatorias de los pagos al MOPC, que en ese entonces estaba bajo la responsabilidad de Cecilio Pérez Bordón.
En el informe consta que para mayo de 2013 los transportistas devolvieron toda la plata del Estado que habían cobrado de forma indebida.
Usaron para otros fines El dinero del subsidio también sirvió para cubrir demanda judicial. Carlos Quinto, que demandó a la empresa Panchito López, consiguió G. 650 millones del MOPC por orden de la jueza Judith Gauto Bozzano.
Los transportistas también usaron el dinero en reparación de vehículos, adquisición de repuestos, compra de materiales de construcción y otros, violando el Decreto 6630/2011, que establecía que los recursos eran para comprar vehículos nuevos.
Diferentes datos
Los auditores de la Contraloría también mencionaron los datos incongruentes que presentaron al Instituto de Previsión Social (IPS) y al Ministerio de Trabajo los empresarios sobre sus empleados. También mintieron en la cantidad de vehículos de su parque automotor al Viceministerio de Transporte. Los datos de empleados y vehículos no coincidían con la que necesitaban para la prestación del servicio, según el informe.
En la auditoría consta asimismo que los casos de pagos indebidos y sin documentos respaldatorios iban a ser remitidos ante a la Fiscalía por constituir hechos punibles contra el patrimonio del Estado.
Sigue el manejo oscuro
Actualmente, sigue el mismo desorden en el Viceministerio de Transporte en la distribución del dinero del subsidio.
Los transportistas continúan pasando datos faltos al Ministerio de Trabajo en cuanto a sus empleados. Tampoco declaran todo ante el Instituto de Previsión Social (IPS). Inclusive hay empresas beneficiadas con el subsidio pese a tener demanda por adeudar aporte obrero-patronal. Es el caso de Automotores Villa Hayes, del político colorado cartista Octavio Gómez, exgobernador de Presidente Hayes.
Otra irregularidad en este gran esquema de corrupción entre transportistas y el Estado es la circulación de unidades chatarras y las que se modernizaron perciben por buses modernos con el precio del servicio diferencial (G. 3.600), y no del común (G. 2.200) que es la subsidiada.
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