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Jiménez Gaona dijo en una solicitada en este mismo diario que “la Contraloría valoró cuestiones para las cuales no tiene competencia”, argumento con el cual justifica la falta de acatamiento de la recomendación que le hizo el ente auditor de cancelar la licitación del aeropuerto tras hallar diversas irregularidades en el proceso.
La Constitución Nacional en su artículo 281 le otorga a la Contraloría el carácter de “órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado”, mientras que el artículo 16 de la Carta Orgánica de esa institución de control refiere que “sus conclusiones, recomendaciones y dictámenes serán de cumplimiento obligatorio”. Aún así, Jiménez Gaona sostiene que la Contraloría “se extralimitó” y pidió a la Justicia anular el dictamen. La intervención de Contraloría se había iniciado tras una denuncia hecha por varios legisladores.
Esta licitación, conducida por Jiménez Gaona y miembros de un comité denunciado hoy ante la Fiscalía, estuvo salpicada desde un primer momento por irregularidades, que fueron replicadas tanto en este diario como en el colega Última Hora, en radioemisoras y canales de televisión.
La acusación en cuestión contra el comité de evaluación fue hecha a principio de este año por el Sindicato de Empleados y Obreros de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Seodinac), por los hechos punibles de prevaricato y producción de documento público de contenido falso, con relación al dictamen que le fabricaron a la empresa Sacyr los funcionarios Claudia Centurión y Dionisio Mereles.
El dictamen llevó la firma del director jurídico del MOPC, Mereles, y en él negaba la vinculación de Sacyr con una sociedad que incumplió en Murcia-España, para evitar que el incumplimiento le excluyera del proceso, pues eso disponía el pliego. El dictamen fue hecho a pedido de Centurión, directora de Proyectos Estratégicos, quien también en un documento público (ver facsímil) asumía conocer la vinculación. El arquitecto Carlos Achucarro, especialista en Infraestructura Aeroportuaria y asesor de Dinac, sostuvo ayer que la participación de Sacyr, defendida por Jiménez Gaona, viola la Ley de APP, el decreto y el pliego.
El informe fue contundente
La Contraloría General dictaminó que el MOPC debió haber hecho un llamado a precalificación para el aeropuerto, a fin de así evitar la participación de oferentes “no aptos”. También constató que Sacyr mintió en su declaración jurada de integridad al negar los trámites judiciales que tiene en otros países y que funcionarios del Ministerio de Obras Públicas le “fabricaron” un dictamen de contenido falso, que negaba tales antecedentes. Así también, el ente auditor dejó al descubierto que el MOPC permitió la participación de oferentes sobreendeudados, como Sacyr, en perjuicio del Estado.