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El pronunciamiento destaca que desde su creación la central binacional no cumple con su función de producir electricidad al costo del servicio prestado, según lo determina el Anexo C del Tratado. “Esta anomalía, que encarece excesivamente la tarifa de la electricidad, es pagada por los consumidores de ambas márgenes. El dinero fácil así obtenido, al margen del control estatal, beneficia directamente a los Gobiernos de turno y sus entornos inmediatos. Esta situación sería impensable en repúblicas con eficientes órganos de control dedicados a proteger el bien público”, señalan. Agregan que el Paraguay “es la víctima propiciatoria de Itaipú. Es el socio más perjudicado en un proyecto diseñado para resolver la demanda energética del Brasil. En ese menester, tuvo que compartir como un condominio, mediante una corriente nota reversal sin aprobación del Congreso el Salto del Guairá”.
Por otro lado –sigue el texto– la ANDE se vio exigida a ceder a la Eletrobrás, a título gratuito, más del 85% de la mitad de su parte para ser comercializada en beneficio de los accionistas de la multinacional, ignorando al consumidor brasileño. Lejos de un precio justo, por la exportación de la energía paraguaya, el Tesoro brasileño recién desde 1989 le paga al país una diminuta compensación.
En su parte final hace referencia a la escandalosa deuda que se generó y que se sigue pagando. Concluye diciendo que “con la venia acostumbrada de los Gobiernos socios y el irrestricto apoyo de la Corte paraguaya, Itaipú no rinde cuentas del creciente aumento de su costo de servicio de electricidad. De productora de energía limpia y barata, la binacional hidroeléctrica pasó a financiar sendos programas gubernamentales no presupuestados”, indican.