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Suman y siguen las observaciones de la CGR al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en lo que respecta al proyecto denominado Sistema de Información de los Recursos de la Tierra (SIRT). Se trata de un catastro rural que le costó al ente agrario casi G. 31.000 millones, entre 2014 y 2017.
Uno de los cuestionamientos que se lee en la parte final del informe señala que se pagó al personal contratado y permanente con fondos que no correspondían al SIRT. “El proyecto SIRT tuvo un costo real mayor a los G. 9.655 millones asignados al mismo, en el objeto de gasto 851. Del presupuesto del Indert no destinados al proyecto fueron utilizados G. 2.838 millones. Lo que resulta que el costo total estimado del proyecto en el ejercicio fiscal 2017 totalizó G. 12.494 millones, pero los resultados obtenidos no fueron mayores”, dice la CGR.
De acuerdo con los documentos, esto se dio por pago de viáticos al asesor técnico principal, Hugo César Jiménez Recalde, y a un “consultor” llamado Fernando Enrique García Alonso, por un total de G. 55,8 millones solamente el año pasado. Por otro lado, la Unidad Ejecutora del proyecto estuvo conformada por 134 contratados y 19 funcionarios permanentes del Indert y una contratada. Estas últimas 20 personas cobraron viáticos por G. 463 millones el año pasado y eso fue abonado con fondo del ente, independiente al aprobado para el catastro rural.
Gerencia con mismas funciones que el SIRT
También se creó una “Gerencia del SIRT” con las mismas funciones del SIRT, cuya erogación anual asciende a G. 2.271 millones, monto que según la Contraloría, también debería sumarse a lo que realmente costó el cuestionado catastro. La titular de la gerencia creada era Zulma Sosa, extitular de la DGEEC y relacionada al fallido censo nacional del año 2012, aunque ella renunció este año.
Asimismo, “conforme a las revisiones realizadas a las rendiciones de cuentas, en la planilla se observa pago de viáticos a funcionarios del Indert de otras dependencias, en el marco de la socialización del proyecto SIRT”, añade el reporte. Inclusive, agrega que las entregas de adjudicaciones se llevaron a cabo en el marco del mismo proyecto, pero llevadas a cabo por funcionarios del Indert, lo que a su vez implicó desembolsos de viáticos (eso, sin mencionar que las “adjudicaciones” no se constituyen en títulos reales).
También se dio el caso de que pagaron honorarios profesionales al mismo “consultor” contratado por el SIRT, Fernando García, por trabajos realizados en otra dependencia y enmarcados en otro proyecto social. Específicamente, en la verificación y recepción final de los también cuestionados pozos del Indert, que llevó adelante con el FIDES (este caso está siendo investigado por el Ministerio Público).
“En todos los informes presentados por el contratado, de enero a diciembre de 2017, la única actividad que se señala como realizada fue la de verificación de sistemas de abastecimiento de agua potable”, dice la CGR.
Confirman denuncias
Para los sindicatos del ente agrario, Sintra y Sintibir, las anomalías detectadas por el ente contralor solo vienen a corroborar lo que ellos ya venían denunciando. “Desde la implementación del mal llamado catastro rural hemos venido denunciando sistemáticamente las irregularidades ocurridas en el mismo. Hemos sido objeto de muchos agravios por estas denuncias; sin embargo, hoy, con las publicaciones periodísticas sobre el primer trabajo de auditoría en cinco años por parte de la CGR al proyecto SIRT, podemos decir que dicha auditoría confirma todo lo que en su momento hemos denunciado”, indicaron ayer los gremios de los trabajadores, a través de un comunicado.