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“El Ministerio de Agricultura y Ganadería, presidido por Jorge Gattini, transfirió recursos públicos con mucha ligereza, por ejemplo la suma de G. 21.002.028.389 a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), sin tener en cuenta las normativas legales que rigen la administración pública paraguaya, relacionadas con las transferencias de recursos a entidades sin fines de lucro”, señala el informe de auditoría de la CGR.
El estudio presupuestario destaca que se observaron graves deficiencias de control en la rendición de cuentas de la administración Gattini, en el citado ejercicio fiscal, que representan malas prácticas administrativas y descontrol, que podrían ser configurados como hecho punible, según la CGR.
Igualmente, unos G. 12,8 mil millones de fondos públicos entregó el MAG, en el primer semestre del ejercicio 2013, a seis empresas que fueron “juez y parte” en la ejecución de proyectos productivos, según comprobó la Contraloría General de la República (CGR).
Detalla que el MAG entregó un total de G. 12.851.166.886 a Comercial el Crisol, de Elsida Duarte de González; a Consultora Avanza, de Lilian Celeste Kim Duarte; a Distribuidora San Juan, de Estela Viviana Benítez Aquino; a HVS, de Hugo Villalba Solaeche; a Leonkue SA, de Sócrates Garcete González y a Mora Consultora, de Osvaldo Mora, según detalla el informe Nº 508/13 y Nº 958/13 de la CGR). Advierte que dichas firmas fueron “juez y parte” en la ejecución de proyectos productivos; es decir que realizaron la provisión de insumos, materiales y herramientas y también fueron las encargadas de elaborar y presentar la rendición de cuentas de las organizaciones beneficiadas con los fondos públicos, señala la CGR.
El informe explica que este tipo de procedimientos van en contra de los principios de razonabilidad, transparencia y objetividad que no fueron tenidos en cuenta por los administradores del MAG. “Llama poderosamente la atención que los montos entregados a ciertas empresas proveedoras y consultoras para la ejecución de proyectos fueron muy significativos, hecho que no garantiza la transparencia, la correcta aplicación y el uso de los recursos públicos”, expresa la auditoría oficial.
La auditoría fue firmada por Lucila M. Troche, Marta Vicézar y Cirilo Durañona.
La defensa del ministro
Respecto a la auditoría de la CGR, el ministro Jorge Gattini señaló que el informe de la Contraloría que había investigado la gestión del 2013, se publica recién el 18 de Agosto de 2015, un año y medio después de concluido el ejercicio. “Esto ocurre en pleno escándalo de la Contraloría y a menos de una semana de la renuncia del contralor. Pero lo más llamativo de todo es que este informe está suscrito por seis personas, y cuatro de ellas estaban imputadas por ocultar información en la investigación de la causa Fenaprofhp contra los exministros del MAG Cardozo y Godoy. Ellos son: Martha Vicezar, Cirilo Durañona, Lucila Troche y Éver Espínola. Dos de ellos siguen imputados hasta la fecha.