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Explicó que en los proyectos de infraestructura, la Ley de la Alianza Público-Privada (APP) dispone que los contratos sean suscriptos por el titular del MOPC, en este caso Ramón Jiménez Gaona. Justamente, el actual ministro obtuvo la semana pasada que la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia falle a su favor para que la Contraloría no audite las cuentas del MOPC y que esta institución estatal, en su caso concreto, sea auditada por el Tribunal de Cuentas.
La presentación fue contra los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 2248/03, que en su momento le retiró al Tribunal de Cuentas la atribución de juzgar las cuentas estatales (entre ellas las del MOPC), dejando la tarea casi exclusivamente en manos de la Contraloría General de la República.
La acción tenía por objetivo que exista “cosa juzgada” en las investigaciones a la gestión del actual ministro Jiménez Gaona.
En un comunicado emitido ayer por la cartera, la institución defendió los procesos y la supuesta transparencia, aduciendo que la Contraloría ya está auditando el MOPC.