Cargando...
En ese sentido, alertan que la intervención forzosa y prolongada sobre vías vehiculares y peatonales aledañas a los establecimientos de comercio contiguos a los tramos y zonas de influencia, hace que los comercios comiencen a pensar seriamente en la adopción de “medidas drásticas” en el más breve lapso, como la disminución de la cantidad de trabajadores en estos centros laborales.
Alegan que demandará mucho tiempo la construcción de obras civiles; la intervención en la distribución de energía eléctrica, en sistemas de alcantarillado, aguas de lluvia y aguas residuales, en sistemas de distribución de agua potable u otros, planeada, programada, autorizada, patrocinada, contratada y financiada por el Estado.
Dicen que algunas empresas ya están programando el despido de trabajadores, suspensión temporal de contratos de trabajo, mientras que otros preferirían cerrar sus negocios.
Los miembros de la comisión señalaron que las autoridades gubernamentales han venido manejando el tema “con absoluta irresponsabilidad”, desinformando, confundiendo e infundiendo temor respecto de la obra, y demostrando “una absoluta carencia” de planes reales y efectivos para dar tranquilidad a los frentistas, especialmente a los empresarios.
Los afectados aseveran que el MOPC optó por imponer de la noche a la mañana, por la fuerza, “un proyecto mal concebido y mal ejecutado, castigando a la gente que trabaja e invierte, en un escenario donde se legitima el sistema de matar a unos, supuestamente para dar vida a otros”.
La comisión advierte que usualmente el plazo inicial de ejecución de obras se prorroga, y su ejecución es realizada sin el respeto a la salud y la dignidad.