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La nota de la Contraloría, con fecha 27 de este mes, fue dirigida a la ministra de Hacienda, Lea Giménez, y en la misma solicita documentos e informes correspondientes a la Subsecretaría de Estado de Tributación, a cargo de la viceministra Marta González Ayala, y a la Subsecretaría de Estado de Economía, a cargo del viceministro Humberto Colmán.
Los informes requeridos a la administración fiscal están relacionados, entre otros, con el listado de todos los contribuyentes, las solicitudes de repetición de tributos y créditos fiscales, control y verificación de créditos y franquicias fiscales. Además, los ingresos de los tributos, las multas y otros, así como también los sumarios realizados.
Los ingresos por multas, precisamente, fueron blancos de críticas en los últimos tiempos de parte de los contribuyentes, profesionales y empresarios, debido a que el 50% queda en el bolsillo de los funcionarios, incluyendo a la viceministra González Ayala.
Ante esta situación muchos reclaman la derogación del artículo de la ley que permite la distribución de multas, teniendo en cuenta que la viceministra se constituye en juez y parte.
El otro paquete de pedido de informes va dirigido a Economía e incluye los esquemas propuestos para la seguridad social, políticas de reducción de pobreza, propuestas de reforma del sistema financiero y mercado de capitales, el impacto de subsidios del Estado, de los sistemas de pensiones y seguros de salud.
También la política de crédito y endeudamiento público; este último punto igualmente muy cuestionado por la ciudadanía y analistas económicos, debido al acelerado proceso de endeudamiento que está registrando el país con este gobierno de Horacio Cartes.