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La decisión de crear una comisión binacional de control nace a partir de la Declaración Conjunta del 21 de mayo de este año firmada por los presidentes de Paraguay, Horacio Cartes, y del Brasil, Michel Temer, que en su numeral XVIII acuerdan la creación de un grupo binacional de trabajo que elaborará los mecanismos y las modalidades de control cuyo objetivo es mejorar los niveles de transparencia contable de la entidad binacional Itaipú. Se trata de una decisión política inédita, puesto que la propia Cancillería brasileña de Itamaraty envió una propuesta para la creación de este grupo de trabajo en la cual reconoce expresamente la competencia tanto del TCU del Brasil como de la CGR del Paraguay, invocando incluso artículos de la Constitución Nacional.
Este es un proceso que está en curso y está en su fase de implementación para elevar el nivel de transparencia en la Itaipú, explicó el director de Asuntos Jurídicos de la CGR, el Dr. César Núñez, quien resaltó que la intervención de la CGR así como del TCU en esta comisión está dada por disposición constitucional de ambos países. “Son los organismos competentes para auditar estas cuentas”, insistió.
Ahora el siguiente paso está en manos de la Cancillería paraguaya, que debe convocar a una reunión para seguir con los trámites según lo acordado. Es una decisión política que los Estados partes debían tomar y ese es un camino que ya se empezó a transitar, apuntó. El objetivo y los alcances de la auditoría serán determinados por el grupo de trabajo binacional.
Sobre este punto, el contralor general, Dr. Enrique García, señaló que para la CGR resulta muy claro que la interlocución internacional del Estado paraguayo se verifica a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Nosotros no pretendemos disputarle ese rol, pero de igual manera no vamos a resignar competencia, puesto que, si se trata de auditorías, fiscalización y control, es la CGR la que va a terminar marcando las pautas. Esto no significa que vamos a desafiarle a nadie sino que tenemos clara la responsabilidad de marcar una agenda seria que permita aportar elementos para la transparencia en la gestión de los recursos públicos como los que manejan las binacionales”, afirmó.
Agregó que, más allá de las posiciones personales, existen responsabilidades funcionales. “En mi caso, tengo muy buena relación personal con el canciller (Eladio Loizaga) y considero que esa es una información adicional positiva, pero, si fuese al revés, tendría la misma responsabilidad. Sabemos lo que tenemos que hacer y eso es lo que haremos en el esfuerzo de marcar una agenda para la recuperación de la institucionalidad por la vía de la instalación de un control efectivo de acuerdo a la competencia de la Contraloría, que en su correlato es la misma que tiene el TCU en el lado brasileño y la AGN en el lado argentino”, insistió García.
Precisamente, al ser consultado sobre la posibilidad de que el organismo también intervenga en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), tal como lo hace la Auditoría General de la Nación Argentina (AGN), aclaró que esta realiza dicho trabajo de auditoría casi a título de prestadora de un servicio y percibe una remuneración por ello. “Además de esto, es par de la Contraloría, por eso la discusión parece ser más complicada, por la manera en que ellos entran en Yacyretá que está estructurada de una manera que es a título privado”, indicó. No obstante, apuntó que desde la institución que dirige se reivindica la competencia para ejercer dicha labor.
Comisión va a definir alcance
El objetivo y los alcances de la auditoría que llevarán adelante el TCU y la CGR en Itaipú serán determinados por el grupo de trabajo binacional. Ahora está en manos de la Cancillería paraguaya implementar esto lo más rápido posible y esperan seguir avanzando. Respecto a Yacyretá el contralor reivindica también la competencia de la CGR para ejercer el control de sus cuentas. Insistió en que la Carta Magna, en su Art. 283 numeral IV, la faculta expresamente a realizar auditorías y controles.
ccantero@abc.com.py