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Cuando le preguntamos al contralor Enrique García si se ratificará ante el Tribunal de Cuentas, una vez que le corran traslado del recurso interpuesto por el MOPC, respondió que este traslado podría no producirse, si el Tribunal decide rechazar in limine el recurso, que tiene por objetivo dejar sin efecto un dictamen del ente auditor que ordena cancelar la licitación del aeropuerto.
“El rechazo in limine es una opción que la ley señala cuando hay notoria improponibilidad de la pretensión”, sostuvo. La Ley Orgánica de la Contraloría, en su artículo 16, señala que sus dictámenes y recomendaciones son de cumplimiento obligatorio. En la misma línea en que se pronunció el contralor lo hicieron la semana pasada algunos especialistas de Derecho Administrativo que fueron consultados y que sostienen que además de ser vinculantes, los dictámenes de la Contraloría son irrecurribles, por tratarse de un organismo “extra poder” y los procesos sometidos a su entendimiento se hallan entre las cuestiones “no judiciables” o “no justiciables” en el Derecho.
También recordaron que los cuestionamientos de la Contraloría a la polémica licitación para la implantación de un esquema de alianza público-privada ( APP) en el aeropuerto, tienen que ver con aspectos legales y no con cuestiones técnicas (como quiere hacer creer el MOPC).
Virtual ganadora mintió y el MOPC le encubrió
En la auditoría de la Contraloría, que tuvo como informe resultante la recomendación de cancelar la licitación, se constató por ejemplo que la empresa que está más cerca de ganar, Sacyr, mintió en su declaración jurada de integridad al negar los trámites judiciales que tiene en su país, España, así como en otros como Colombia, Chile y Panamá.
La declaración jurada forma parte de la oferta y si Sacyr admitía tales procesos, su oferta debía ser inmediatamente descalificada, pues tanto la ley de APP como el pliego de bases de esta licitación no permiten la participación de oferentes con procesos judiciales en curso.
En lugar de descalificarle, el Ministerio de Obras Públicas, cuyo titular es el ministro Ramón Jiménez Gaona, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, emitió un dictamen a favor de Sacyr que negaba la vinculación comercial de Sacyr con una sociedad a la que le habían rescindido un contrato en España.
Los mismos representantes de Sacyr admitieron luego que tenían el 67% de las acciones de esa sociedad.