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Desde una mirada más profunda, de los 292 millones de ocupados, la mitad se encuentra en el sector informal, lo que implica que aproximadamente 146 millones de personas trabajan sin acceso a derechos laborales ni protección social. Este es un factor determinante en la debilidad de los sistemas de pensiones, ya que el empleo informal limita las contribuciones a los fondos de pensiones, generando un desbalance que compromete la sostenibilidad futura.
Otro dato alarmante es que cerca de un quinto de los trabajadores ocupados vive en situación de pobreza, lo cual evidencia que estar empleado no necesariamente significa contar con los ingresos suficientes para garantizar condiciones de vida dignas. Además, cuatro de cada diez trabajadores perciben ingresos por debajo del salario mínimo, lo que refuerza la precariedad laboral en la región. Este contexto no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad, ya que las personas con menores ingresos tienen menos capacidad de ahorrar e invertir en su futuro.
La situación se agrava al considerar que el 50% de la fuerza laboral no cotiza a los sistemas de pensiones. Esto significa que una proporción importante de la población laboral activa no está generando derechos para recibir una pensión en el futuro, lo que podría derivar en un aumento de la dependencia de los programas de asistencia social financiados por los gobiernos. Ello en un contexto de limitados recursos fiscales y presiones presupuestarias crecientes.
Se suman otros factores
El escenario también está influenciado por las transformaciones demográficas y tecnológicas. Por un lado, el envejecimiento poblacional presiona aún más los sistemas de pensiones, ya que se reduce la proporción de trabajadores activos por cada jubilado. Por otro lado, los cambios en el mundo del trabajo, impulsados por la tecnología y la automatización, están redefiniendo las demandas de habilidades y la naturaleza de los empleos. Si bien estas transformaciones ofrecen oportunidades para aumentar la productividad, también pueden exacerbar las desigualdades si no se implementan políticas públicas que promuevan la capacitación y la adaptación laboral.
Para enfrentar estos retos, los países de América Latina y el Caribe deben implementar políticas integrales que fomenten la formalización laboral, mejoren los ingresos y promuevan la inclusión financiera. Esto incluye el refuerzo de medidas como los incentivos fiscales para las empresas que formalicen a sus trabajadores, programas de capacitación que fortalezcan las habilidades laborales y la creación de sistemas de protección social más inclusivos y sostenibles.
Además, es clave avanzar en reformas estructurales de los sistemas de pensiones para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo. El fortalecimiento de las instituciones laborales y el diálogo social también son fundamentales para abordar los desafíos estructurales. Los gobiernos, junto con empleadores y sindicatos, deben trabajar de manera conjunta para diseñar soluciones que equilibren las necesidades de los trabajadores con la competitividad empresarial.
En conclusión, los datos presentados por la CEPAL revelan la urgencia de abordar las vulnerabilidades del mercado laboral en América Latina y el Caribe. La inclusión laboral no solo es una cuestión de justicia social, sino también una estrategia fundamental para garantizar la sostenibilidad económica y social de la región. La transición hacia un mercado laboral más formal, inclusivo y resiliente requiere esfuerzos coordinados y sostenidos por parte de todos los actores involucrados.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.