Cargando...
La Cámara de Diputados sancionó en la última sesión ordinaria de este año el proyecto de ley con el cual se pretende implementar el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí. La aprobación se consumó esta tarde sin debate y sin objeciones a la versión del senado, por lo que queda a cargo del Ejecutivo la promulgación.
El plan normativo autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a suscribir una adenda al contrato de concesión celebrado con Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima (Fepasa) y permite a esta última a suscribir con el sector privado uno o más contratos de “subconcesión”, por un plazo de hasta 35 años, incluyendo el plazo de la fase constructiva. Fepasa deberá realizar una licitación para seleccionar al “subconcesionario”.
El diputado Mauricio Espinola (ANR-Fuerza Republicana) cuestionó el proyecto de ley, ya que según su criterio, Fepasa ya tiene la concesión del ferrocarril y la posibilidad de “subconcesionar” el tren, contando con herramientas legales para ello. Sobre el punto, mencionó que la ley solo hizo falta para el acuerdo de “gobierno a gobierno” con Corea, pero que esto en la actualidad ya no es necesario.
Lea más: Tren de cercanías: vea el millonario “aporte” inicial que Fepasa pretende que asuma el Estado
El diputado Raúl Benítez (PEN), también lamentó la aprobación de un “cheque en blanco” para un “tren fantasma” y de manera irresponsable. Lamentó que una vez más “se está vendiendo espejitos a la ciudadanía”. Resaltó que tanto la Municipalidad y Fepasa presentaron dos proyectos a la par, sin ningún estudio. “El humo de este tren asfixia”, enfatizó.
El diputado Rubén Rubín (independiente) manifestó que Corea era una garantía para que el tren avance, pero que hoy ya no está interesado en el plan por culpa de burócratas del Gobierno.
Luz verde a Fepasa para evadir leyes
Lo cierto es que el texto sancionado no solamente le da a Fepasa la posibilidad de evadir las leyes 1.618/2000 de concesiones de Obras y Servicios, 5.102/2013 de Alianza Público-Privada (APP) y 7.021/22 de Contrataciones Públicas, sino también a la ley N° 1.535 de “administración financiera” del Estado.
El “puenteo” a la ley N° 1.535 se realizará pese a que durante los 35 años de “subconcesión” que otorgará Fepasa a uno o más socios privados, el Estado realizará millonarios desembolsos al fideicomiso que se creará para el pago de las obligaciones a la empresa que resulte adjudicada para construir, operar y mantener el ferrocarril eléctrico.
Al respecto, los diputados Rodrigo Blanco (PLRA) y Luis Federico Franco (PLRA) también mencionaron que no se debe avanzar con el plan violando la ley de concesiones, con el cual el Congreso debía aprobar la adjudicación a la empresa que explotará el servicio.
Asimismo, la diputada Rocío Vallejo, también objetó que se de nuevamente un “cheque en blanco”, ya que no hay ni un monto límite de inversión en el proyecto de la ley. Además, le llamó la atención el “poder total” que se le da a Fepasa para subconcesionar con “cero control”, evadiendo todas las leyes para esa institución. También observó que se prevé la liberación de la franja de dominio, sin saber claramente las propiedades que se verán afectadas.
Vale señalar que Fepasa incluso pretende que el Estado entregue un “aporte” a la inversión inicial prevista para que se pueda desarrollar el tren de cercanías. En este sentido, el Gobierno está analizando una “ayuda” inicial de hasta US$ 150 millones al socio privado que gane la “subconcesión” para que el proyecto sea factible. Fepasa espera que la obra se licite a mediados del 2025, entre julio y agosto, y la construcción se iniciaría en 2026.
Constitución de fideicomiso
Con el proyecto de ley, sancionado a tambor batiente, nuevamente el cartismo autoriza al poder Ejecutivo la constitución de uno o más fideicomisos (de administración y pagos) para cumplir con las obligaciones derivadas de los compromisos firmes y contingentes cuantificables del Estado y Fepasa.
En este caso, se autoriza al Poder Ejecutivo a incluir en la reglamentación parámetros o condiciones relativas al fideicomiso, su administración, fondeo y recursos de forma tal a asegurar la viabilidad del “tren de cercanías”. O sea, le otorga un “superpoder” al presidente de la República, Santiago Peña, para el desarrollo del proyecto.
“El o los contratos de subconcesión podrán contemplar diversas formas de retribución al subconcesionario incluyendo pagos de inversión, pagos por disponibilidad, pagos en función del número de usuarios, derechos de explotación o aprovechamiento, entre otros mecanismos de retribución, según la reglamentación a ser dictada y lo que estipule el respectivo contrato”, resalta en el plan normativo. Estos pagos deberán salir del fideicomiso.
Así también el Ejecutivo debe prever en la reglamentación los costos que correspondan por resolución de controversias que pudieran surgir del o de los contratos de subconcesión celebrados para la implementación del plan, que requerirá una inversión de unos US$ 600 millones.
También compromete al Estado paraguayo, a través del MOPC a prever los recursos necesarios en su presupuesto, de manera a mantener anualmente en el fideicomiso un importe que sea suficiente para satisfacer los compromisos firmes de cada año, así como el 10% como mínimo de los compromisos contingentes que surjan del o de los contratos de subconcesión para el proyecto “tren de cercanías”.