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Citando el artículo 210 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo solicitó el “tratamiento de urgencia” del proyecto de ley con el cual se pretende implementar el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí, documento que ya tuvo media sanción en la Cámara de Senadores y que debía ser analizado en la fecha en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la sesión ordinaria se levantó por la falta de quorum, por lo que no se llegó a tratar el plan normativo, que figuraba en el punto 15 del orden del día, tras varias modificaciones que realizaron los parlamentarios para priorizar el tratamiento de otros proyectos.
De acuerdo con los datos, el proyecto de ley se trataría en la última sesión del año, el próximo martes, antes del receso parlamentario, o se convocaría a una extraordinaria teniendo en cuenta el llamativo apremio del Ejecutivo para llevar adelante el plan. Esto se definiría mañana durante la reunión de la mesa directiva.
Lo cierto es que el plan normativo tendrá sanción ficta el 8 de marzo del próximo año si no es estudiada en la cámara baja, atendiendo a que debe ser tratado dentro de los treinta días de su recepción, de acuerdo con la carta magna.
Tren de cercanías: subconcesión por 35 años
El plan normativo que ya tiene media sanción en el senado autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a suscribir una adenda al contrato de concesión celebrado con Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima (Fepasa) y permite a esta última a suscribir con el sector privado uno o más contratos de “subconcesión”, por un plazo de hasta 35 años, incluyendo el plazo de la fase constructiva. Fepasa deberá realizar una licitación para seleccionar al “subconcesionario”.
En este sentido, el texto no solamente le da a Fepasa la posibilidad de evadir las leyes 1.618/2000 de concesiones de Obras y Servicios, 5.102/2013 de Alianza Público-Privada (APP) y 7.021/22 de Contrataciones Públicas, sino también a la ley N° 1.535 de “administración financiera” del Estado.
El “puenteo” a la ley 1.535 se realizará pese a que durante los 35 años de “subconcesión” que otorgará Fepasa a uno o más socios privados, el Estado realizará millonarios desembolsos al fideicomiso que se creará para el pago de las obligaciones a la empresa que resulte adjudicada para construir, operar y mantener el ferrocarril eléctrico.
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Incluso Fepasa pretende que el Estado entregue un “aporte” a la inversión inicial prevista para que se pueda desarrollar el tren de cercanías. En este sentido, el Gobierno está analizando una “ayuda” inicial de hasta US$ 150 millones al socio privado que gane la “subconcesión” para que el proyecto sea factible.
Fepasa espera que la obra se licite a mediados del 2025, entre julio y agosto, y la construcción se iniciaría en 2026.
Constitución de fideicomiso
Con el proyecto de ley, también se busca autorizar al poder Ejecutivo la constitución de uno o más fideicomisos (de administración y pagos) para cumplir con las obligaciones derivadas de los compromisos firmes y contingentes cuantificables del Estado y Fepasa.
En este caso, se autoriza al Poder Ejecutivo a incluir en la reglamentación parámetros o condiciones relativas al fideicomiso, su administración, fondeo y recursos de forma tal a asegurar la viabilidad del tren de cercanías. O sea, le otorga un “superpoder” al presidente de la República, Santiago Peña, para el desarrollo del proyecto.
“El o los contratos de subconcesión podrán contemplar diversas formas de retribución al subconcesionario incluyendo pagos de inversión, pagos por disponibilidad, pagos en función del número de usuarios, derechos de explotación o aprovechamiento, entre otros mecanismos de retribución, según la reglamentación a ser dictada y lo que estipule el respectivo contrato”, resalta en el plan normativo. Estos pagos deberán salir del fideicomiso.
Así también el Ejecutivo debe prever en la reglamentación los costos que correspondan por resolución de controversias que pudieran surgir del o de los contratos de subconcesión celebrados para la implementación del plan, que requerirá una inversión de unos US$ 600 millones.
También compromete al Estado paraguayo, a través del MOPC a prever los recursos necesarios en su presupuesto, de manera a mantener anualmente en el fideicomiso un importe que sea suficiente para satisfacer los compromisos firmes de cada año, así como el 10% como mínimo de los compromisos contingentes que surjan del o de los contratos de subconcesión para el proyecto “tren de cercanías”.