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El presidente de Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), Facundo Salinas, fue entrevistado esta mañana por la vocera del Gobierno, Paula Carro, y durante la conversación informó que pretenden que el Estado entregue un “aporte” a la inversión inicial prevista para que se pueda desarrollar el plan. También mencionó que la obra se licitará a mediados del 2025, entre julio y agosto, y la construcción se iniciaría en 2026.
En principio, durante sus presentaciones ante el Congreso, Salinas defendió el plan normativo alegando que buscaban que el proyecto sea desarrollado y financiado totalmente por un socio privado al que Fepasa subconcesionará el servicio por 35 años. Sin embargo, ahora confirmó que el gobierno está analizando una “ayuda” inicial de hasta US$ 150 millones para que el proyecto sea factible.
“Es una decisión que tomará el presidente de la República con su ministro de Economía de hacer un aporte”, expresó. El proyecto del tren de cercanías demandará de una inversión de unos US$ 600 millones y si el Estado costea el monto mencionado, el privado deberá encargarse de conseguir el resto de la financiación (US$ 450 millones).
“El negocio es a través de un fideicomiso de administración y pago, la constitución de un fondo, lo hará el MEF y la AFD, y este fondo va a pagar todos los recursos (desde la construcción hasta la operación). Nosotros lo que vemos es, por un lado, un aporte del gobierno, que se está cerrando entre el 20% y 30% de la inversión inicial, entre 100 o 150 (millones de dólares), se verá, pero está por ahí el número”, expresó.
Firma adjudicada debe conseguir lo que falta para que el proyecto pueda avanzar
Asimismo, Salinas reiteró que tras este aporte inicial del Estado, el privado debe conseguir los fondos que hagan falta para financiar lo que falte de los US$ 600 millones que requeriría la construcción y puesta en operación del tren de cercanías.
“El financiamiento del grueso, digamos, tiene que ser una deuda privada. El privado tiene que ir a los mercados a buscar, como se hizo en el caso de las rutas 2 y 7 (hoy ruta PY02) o como fue la ruta bioceánica”, expresó.
Pero en el caso de la ruta PY02, el privado se encargó de toda la financiación inicial de la obra y solo los pagos previstos fueron responsabilidad del Estado, una vez terminada la obra. Ese modelo es el que se buscaba en principio para desarrollar el tren de cercanías.
En este sentido, el proyecto de ley aprobado por los senadores prevé la creación de uno o más fideicomisos para pagar los compromisos financieros que asuma el Estado con la firma que resulte adjudicada durante los 35 años de “subconcesión”, tal y como está previsto en los proyectos financiados con la ley Nº 5102, de APP.
Sin embargo, el plan normativo aprobado excluye a Fepasa del cumplimiento de la ley citada y además de las leyes 1618/2000 de concesiones de Obras y Servicios, la ley N° 1.535 de “administración financiera” del Estado
Ejecutivo tendrá “superpoder”
Asimismo, el texto que tiene media sanción autoriza al Poder Ejecutivo a incluir en la reglamentación parámetros o condiciones relativas al fideicomiso, su administración, fondeo y recursos de forma tal a asegurar la viabilidad del “tren de cercanías”. O sea, le otorga un “superpoder” al presidente de la República, Santiago Peña para el desarrollo del proyecto.