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La Contraloría General de la República (CGR) concluyó el “análisis documental” que realizó a la millonaria adjudicación de Petróleos Paraguayos (Petropar), dirigida por Eddie Jara, para el servicio de limpieza de sus oficinas de la planta Villa Elisa y de la alcoholera de Mauricio José Troche (Guairá).
La estatal había beneficiado a la empresa Faluci SA, representada por Carmen Sosa Said, por G. 4.220 millones, firma que declaró una ganancia de solo G. 15.678.387 en dos años, y que funciona en una humilde edificación de Villa Elisa, donde ofrece servicios de fotocopias, de activación de líneas de celulares e incluso repartía viandas de comidas.
El ente de control detectó varias irregularidades y aún queda pendiente el inicio de una auditoría a la cuestionada contratación, atendiendo que la estatal ni siquiera remitió toda la documentación requerida al ente de control.
Petropar no envió los documentos requeridos
“Cabe resaltar que Petropar no ha remitido a esta Contraloría General los documentos formales presentados por la firma Faluci SA, que le fueron requeridos por el Comité de Evaluación (de ofertas) como, por ejemplo: 1) Balance General y Cuadro de Resultados de los años 2021 y 2022 para contribuyentes de IRE General; 2) Copia de Contratos y/o facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida; 3) Recepciones satisfactorias y/o constancias de cumplimiento satisfactorio y/o certificación de conformidad correspondientes a los contratos y/o facturaciones presentadas”, destaca en su informe la CGR.
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En este sentido, el órgano de control resaltó que Petropar, a través de la Dirección Operativa de Contrataciones, previa a la suscripción del contrato de adjudicación respectivo, debió realizar la pertinente verificación de las documentaciones presentadas por la firma Faluci SA, a fin de certificar que las mismas se adecuen a los requerimientos legales vigentes.
CGR no pudo corroborar experiencia y posible evasión por la no remisión de los documentos
Justamente, uno de los hechos denunciados ante la CGR es que Faluci SA presentó para acreditar su experiencia un millonario contrato de limpieza con el conocido Yacht y Golf Club Paraguayo por G. 4.000 millones. Sin embargo, a pesar de tener ese contrato, la firma tenía registrado un solo funcionario en el Instituto de Previsión Social (IPS) en el momento de presentar su oferta a Petropar.
Pero no remitió estos documentos para que sean verificados por la CGR, ni tampoco el balance de la firma, para que se pueda corroborar la existencia de esta “experiencia”.
La estatal tampoco se molestó en remitir a la CGR la documentación necesaria para verificar los posibles incumplimientos en las obligaciones tributarias de Faluci SA. Al respecto, como ya se mencionó, la empresa tenía un contrato de limpieza con un hotel por G. 4.000 millones en el 2022 y declaró un capital de G. 3.000 millones; sin embargo, registró una ganancia de solo G. 14 millones ante las autoridades tributarias de ese año.
Inconsistencias hasta de fechas que no vio Petropar y empresa no tenía permiso de fabricante
Por otro lado, la Contraloría también halló que hubo inconsistencias de fechas en el informe del comité que evaluó las ofertas, el cual está integrado por William Wilka, gerente general de Petropar, Ana Karina Yaluk, titular de la Dirección de Gestión Empresarial, y Jazmín Caballero Prieto, gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
“En el citado informe de evaluación se ha señalado como fecha de inicio de la evaluación de las ofertas el 23 de mayo de 2024. Igualmente, se ha expuesto que el acto de apertura de sobres-ofertas se ha llevado a cabo en fecha 28/05/2024. Al respecto, es importante señalar que la apertura de los sobres-ofertas de las firmas participantes del presente llamado se ha llevado a cabo en fecha 28/06/2024, conforme el acta emitida, lo cual refleja los errores incurridos por el comité al momento de elaborar el informe de evaluación”, resalta el informe del ente de control.
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Asimismo, la CGR destacó que de la verificación de las documentaciones presentadas por la firma Faluci SA al comité de evaluación, se desprende que la empresa no tenía autorización del fabricante del producto insecticida que iba a ser utilizado para las tareas de limpieza.
No presentaron autorización de fabricante
“Puede señalarse que el fabricante del producto insecticida ofertado por dicha firma es la empresa Inesfly PY SA. En dicho contexto, no se ha observado autorización por parte de la empresa Inesfly PY SA expedido a favor de la firma Faluci SA para la presentación en el presente proceso de contratación”, destacó.
La CGR también señaló que el informe del comité de evaluación debe ser claro al momento de emitir su informe, el cual debe estar basado en los antecedentes correspondientes, la documentación presentada por los oferentes y en el cumplimiento irrestricto de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, su decreto reglamentario, las resoluciones emanadas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y el Pliego de Bases y Condiciones, a efectos de dotar de certeza a la determinación a ser adoptada por la máxima autoridad institucional.