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Finalmente, apareció el informe del “análisis documental” que realizó la Contraloría General de la República (CGR) al fallido contrato de Petróleos Paraguayos (Petropar) con la empresa AP SA, de Andrea Lafarja Bittar. El caso se cerró sin abrir una auditoría y el ente de control dio una simple recomendación a la estatal, pese a los indicios de direccionamiento y posible corrupción.
El documento, de solo 16 páginas, con fecha del 14 de agosto de este año, tiene la firma de Paul Ojeda, director general de Control de Contrataciones Públicas de la CGR, y María Catalina Colmán Jara, directora general de Control de Contrataciones Públicas.
El informe de la CGR solo describe los procesos que realizó la empresa pública, manejada por Eddie Jara, para contratar a la proveedora de alfombras y decoración para la compra de gasoíl por más de US$ 51 millones.
En este sentido, el ente de control cerró el expediente sin abrir una auditoría, alegando que el caso ya está judicializado según justificó, refiriéndose a la demanda de Petropar ante un juzgado civil y comercial de la capital contra la empresa de Lafarja, para poder cobrar los US$ 1,5 millones de la garantía de mantenimiento de oferta de la fallida compra de gasoíl.
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“Conforme a la información proporcionada por la Dirección Jurídica de Petropar (Nota Interna DJU/50/247/2024 del 26/03/24), el proceso judicial se inició el 29 de diciembre de 2023, con la presentación de la demanda por parte de Petropar contra la firma AP SA”, resalta el ente de control.
Justamente, en el marco de este proceso judicial, Petropar rechazó la semana pasada la propuesta de acuerdo que había presentado la firma de Lafarja Bittar, ante el juzgado civil y comercial del segundo turno de la capital, a cargo del juez Arnaldo Martínez Rozzano, que lleva adelante el juicio.
En este sentido, la empresa de la corredora de rally ofreció el pago de solo US$ 150.000 a la petrolera pública para ser desembolsado en 10 cuotas de US$ 15.000 y de esta forma poner fin al juicio en curso. La propuesta fue presentada por el abogado Francisco López Ovelar el 30 de mayo último ante el citado juzgado.
La recomendación que dio el ente de control
De esta manera, la CGR dio punto final a la verificación de esta polémica compra de Petropar, sin investigar a fondo los cuestionamientos, como los motivos de la contratación a una empresa sin experiencia en el rubro de los combustibles y a un precio que era imposible de cumplir, cuando los precios internacionales estaban altos.
El ente de control ni siquiera indagó en la flexibilización de los pliegos para beneficiar a la empresa, la presentación de una simple declaración jurada como garantía, o la dirección que hizo figurar la empresa que ni siquiera le correspondía.
La CGR solo dio una recomendación a Petropar para el proceso judicial en curso. “Es imperativo que Petropar, a través de su Dirección Jurídica y los profesionales designados para el patrocinio de la causa, mantenga un seguimiento constante y minucioso del desarrollo del proceso judicial, en cumplimiento de su deber de defensa de los intereses del Estado, conforme al artículo 4° de la Ley N° 1182/85 ‘Que crea Petróleos Paraguayos (Petropar) y establece su Carta Orgánica’”, reza en el informe.
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En este sentido, señala que la estatal “deberá considerar las eventuales consecuencias en su planificación estratégica y operativa, previendo posibles escenarios y estableciendo planes de contingencia, en cumplimiento de su función de planificación establecida en la normativa que le regula”. Esto con la “implementación de medidas de control interno más estrictas para garantizar el cumplimiento irrestricto de los requisitos legales en materia de contrataciones públicas en futuros procesos de contratación”.
El ente de control destacó que el proceso de compra de Lafarja si bien se inició con fundamentos legales válidos, presentó irregularidades procedimentales atribuibles a la firma contratista y derivó en un incumplimiento contractual que ha generado consecuencias jurídicas y administrativas significativas.
“La controversia suscitada ha trascendido la esfera administrativa, encontrándose actualmente en sede judicial, donde deberá dirimirse conforme a derecho”, resalta dejando constancia de que las acciones realizadas en el procedimiento de contratación de AP SA constituyen responsabilidad exclusiva de las autoridades de Petropar.