Mota Engil insiste en cobrar US$ 19 millones por el fracasado metrobús: Ahora presentó una acción de inconstitucionalidad

La empresa Mota Engil presentó ayer una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de cobrar los US$ 19 millones que un laudo arbitral había condenado a pagar al Estado paraguayo a favor de la empresa portuguesa, como consecuencia del fallido proyecto del metrobús. Esta sentencia había sido parcialmente anulada por un tribunal de la capital, lo que redujo la condena a US$ 2,6 millones. Sin embargo, la empresa extranjera ahora insiste ante la Corte Suprema para que se le pague el monto originalmente establecido en la sentencia internacional.

La zona del fallido metrobús se inunda con cada lluvia.
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Luego de que un Tribunal de Apelación, Tercera sala de la Capital, haya anulado parcialmente el laudo arbitral que condenó al Estado Paraguayo a pagar US$ 19 millones a la firma Mota Engil, por la rescisión del contrato del fracasado metrobús, la empresa portuguesa presentó ayer una acción de inconstitucionalidad.

Esto para insistir con el cobro de los US$ 19 millones (al cambio actual sumando los intereses), atendiendo que dicho monto se redujo a US$ 2,6 millones tras el pedido de nulidad del laudo arbitral del Estado paraguayo, que logró sentencia favorable en el tribunal de apelación el 22 de octubre último.

En este sentido, los abogados Miguel Saguier Abente y Raúl Pereira Fleury, promovieron en representación de la empresa portuguesa una acción de inconstitucionalidad ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia “contra la resolución judicial del Tribunal de Apelación, Tercera sala de la Capital, que redujo la condena contra el Estado”, según el documento al que accedimos.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, confirmó dicha acción de la empresa foránea y señaló que la pretensión de la compañía es anular la sentencia que abroga en parte el arbitraje ad hoc del fracasado metrobús, en el que el tribunal internacional ordenó el pago de casi US$ 19 millones a Mota Engil, excontratista de la fracasada obra del Gobierno de Cartes.

“Mota Engil planteó ayer la acción de inconstitucionalidad, en el último día (del plazo establecido). Ellos insisten para llevarse los US$ 19 millones a octubre y los intereses seguirían devengando”, expresó el procurador en contacto con ABC Color.

Acción de inconstitucionalidad que presentó Mota Engil.
Acción de inconstitucionalidad que presentó Mota Engil.

Los antecedentes del caso

El 8 de diciembre último salió el laudo del arbitraje internacional ad hoc del fracasado metrobús, documento de 151 páginas, en el que tribunal internacional resolvió que el Estado Paraguayo debe pagar US$ 19 millones (cálculo a octubre) a la empresa portuguesa Mota Engil, ex contratista del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la fallida obra del Gobierno de Horacio Cartes, cuyo contrato fue rescindido durante la administración de Mario Abdo Benítez.

La empresa extranjera finalmente no consiguió los US$ 40 millones que reclamó en este juicio por supuestos daños, pero de igual forma logró que los jueces le otorguen la cifra millonaria, pese a que la firma fue cuestionada en su momento por no ejecutar en tiempo y forma los trabajos, que hasta ahora sigue siendo un dolor de cabeza para los frentistas.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó en febrero un recurso de nulidad contra el laudo arbitral, ante el tribunal de apelación en lo civil y comercial de la capital, tercera sala, con la que se logró invalidar parcialmente la sentencia.

Dicha sentencia del tribunal de apelación tercera sala de la capital, ha anulado en parte el laudo arbitral que se impuso al Estado paraguayo y redujo la multa de US$ 19 millones a US$ 2,6 millones. Esta última sentencia es la que ahora Mota Engil quiere anular con la acción de inconstitucional que promovió.

Los números del fracasado metrobús
Los números del fracasado metrobús

Los acusados en el caso

Por el caso del fallido metrobús están acusados el exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, y la exviceministra de Administración y Finanzas, Marta Benítez Morínigo, para quienes la ex fiscal del caso, María Estefanía González, pidió la elevación de la causa a juicio oral.

El pasado 8 de octubre fue la última vez que se intentó llevar a cabo la audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, para resolver si la causa va a juicio oral, como pide el Ministerio Público. Sin embargo, la diligencia se suspendió a pedido de la entonces fiscal del caso, María Estefanía González, quien asumió como fiscal adjunta. En su reemplazo asumió la agente Yeimy Adle.

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