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El Viceministerio de Transporte (VMT), cuyo titular es Emiliano Fernández, no tiene el control absoluto del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje electrónico. No tiene las herramientas para controlar la frecuencia de buses en tiempo real, realizar auditorías ni hacer una verificación efectiva de los montos que se pagan de subsidios. Esto se debe a la deficiente ejecución del contrato de la instalación del citado sistema, según confirmó la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya hace tres años, en setiembre de 2021.
El contrato data del año 2019, cuando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó por US$ 3,9 millones al consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos Ortega, e integrado por la Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan Sociedad Anónima (representada por Rogelio Franco Dávalos) y V SAT SA (José Tomás Insfrán Rivarola). Se trató del resultado de una Licitación Pública Nacional (ID 368.264).
Ese documento se firmó cuando el viceministro de Transporte era Pedro Britos y la ejecución del mismo continuó bajo la administración de Víctor Sánchez Chamorro.
El contrato fue revisado por la DNCP, tras detectarse que la ejecución del mismo y los pagos no estaban siendo reportados en el portal. Fue así que se descubrió que, bajo la excusa de la pandemia, se habían firmado dos convenios modificatorios para extender el plazo de entrega de bienes, los cuales fueron anulados por la institución (por considerar una modificación sustancial a los términos del contrato) y esta decidió abrir una segunda indagación, que nuevamente confirmó anomalías.
Tercera investigación de DNCP
Fue así que realizó un sumario y en marzo de este año, Contrataciones inhabilitó a la proveedora del centro del billetaje. Tres investigaciones de esta institución empujaron al MOPC a realizar una auditoría interna, que encontró más anomalías a las ya detectadas. La cartera derivó el informe a la Contraloría General de la República (CGR) para su fiscalización y el ente concluyó este trabajo en agosto último, también reconfirmando todas las anomalías que se traducen en recursos públicos mal utilizados y perjuicio a los pasajeros, al no poder controlar la prestación del servicio.
De esta manera, finalmente, tres instituciones públicas revisaron el contrato y confirmaron una serie de anomalías, desde el año 2021. Entre las más relevantes están que se pagaron por bienes que el VMT no tiene, esta dependencia recibió bienes que no cuentan con garantías o no cumplen las especificaciones requeridas y el software adquirido no cumple con sus funciones esenciales.
Asimismo, desde el llamado se detectaron irregularidades y denuncias de aparentes direccionamientos, pues no se implementaron todas las reglas para garantizar la libre y amplia competencia, como claridad en las especificaciones y aclaraciones del pliego, entre otros.
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Viceministro fue juez y parte
Otro dato no menor es el hecho de que Víctor Sánchez era el profesional de la empresa contratista, clave en la instalación del centro del billetaje cuando asumió como viceministro de Transporte. Durante las indagaciones no se encontró que se haya desvinculado del consorcio ni que haya renunciado. Es decir, era juez y parte en la ejecución del contrato.
Cabe recordar que bajo la gestión de Sánchez fue cuando saltó el escándalo de los subsidios por pasajeros fantasmas, descubierto tras hacerse viral un vídeo en el que se observaba a un chofer simulando pagos de pasajes mientras conducía. Cada boleto vendido implica el pago de subsidio con recursos públicos de todos los contribuyentes del país.
Todas estas anomalías constan en los informes de Contrataciones Públicas, Obras Públicas y Contraloría, y pese a la gravedad y contundencia de los hechos comprobados, ninguna institución solicitó la intervención de la Fiscalía. Mientras tanto, el centro del billetaje no funciona como fue planificado, no controla en tiempo real la frecuencia de buses, entre otras limitaciones.
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¿Qué dicen las autoridades?
- DNCP: En febrero de este año, la DNCP inhabilitó a la proveedora del centro de monitoreo para comercializar con el Estado, sanción que fenece este lunes 21 de octubre próximo, según se informa en su portal. Referente a la intervención de la justicia, se reportó que los antecedentes “obran en Contraloría”.
- MOPC: La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, fue consultada por ABC sobre si denunció ante la Fiscalía o qué sanción analiza aplicar, sobre todo atendiendo los antecedentes del caso e incluyendo la auditoría interna de la institución que dirige. Respondió que “a la Contraloría le corresponde definir eso”.
- CGR: La Contraloría, cuyo titular es Camilo Benítez, publicó el 29 de agosto último su informe final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada a la licitación pública para la instalación del “cerebro” del cobro electrónico. El documento concluye con recomendaciones y un plan de mejoramiento. A la consulta de si se derivará el caso a la Fiscalía, se respondió que “(el expediente) está todavía en análisis en mesa de trabajo entre los auditores encargados del trabajo y la Dirección de auditoria Forense”. Esta última oficina es la que decide si eleva o no el caso ante el Ministerio Público.
Finalmente, a tres años, el descontrol a los transportistas persiste, muy a pesar de los usuarios del servicio y aunque hay sobrada documentación y testimonios sobre el pésimo servicio. Los pasajeros deben soportar largas esperas por los buses, lo que revela que no se cumplen con las frecuencias obligadas. Aún así, el Estado paga subsidios como si el servicio fuera óptimo.
¿Cómo afecta el centro de monitoreo a la reforma del transporte?
Conforme a las exposiciones realizadas por el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, se prevé la inclusión de tecnología para un mejoramiento del sistema, pero no brindó mayores detalles. Al ser requerido puntualmente sobre el funcionamiento del billetaje, indicó que no se prevén ajustes.
El hecho de que no se proyecten mejoras en el funcionamiento del billetaje fue cuestionado por la senadora Esperanza Martínez. Sobre todo, porque hay dos operadoras del pago electrónico y la firma que tiene posición dominante es Epas, con la tarjeta Jaha, que es del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), presidido por César Ruiz Díaz. Este gremio reúne a la mayoría de las concesionarias que hoy prestan los cuestionados servicios.
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La senadora indicó que Cetrapam es prácticamente juez y parte en el cálculo de pagos de subsidios, pues la misma reporta la cantidad de pasajes vendidos para cobrar los beneficios, sumado al hecho que no funciona el centro de control del billetaje. Es decir, el Estado se encuentra a merced de los transportistas, dijo.
Al respecto, la ministra Centurión prometió volver al Senado para brindar más detalles de sus planes para el transporte público.