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El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, expuso ayer ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso su proyecto de presupuesto para el ejercicio 2025.
La entidad, según el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso, tiene asignado para el próximo año G. 184.372 millones (US$ 24,3 millones al tipo de cambio presupuestado).
El monto representa un aumento de G. 18.979 millones (US$ 2,5 millones) y equivale a 11,4% más con respecto al presupuesto 2024 aprobado inicialmente para la institución.
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Benítez dijo que el Congreso sancionó leyes que le dieron mayor competencia a la Contraloría General de la República, pero que en los últimos 10 años la entidad no pudo incrementar su presupuesto, sino, por el contrario, disminuye a pesar de tener estas nuevas funciones.
Explicó que, recientemente, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que crea el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, otorgando a la CGR un nuevo rol, le amplía sus competencias de órgano de auditoría o represor en la lucha contra la corrupción, a ser también un órgano preventivo, que va a absorber la competencia que tiene la Secretaría Nacional Anticorrupción.
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Benítez destacó ante la bicameral que se sienten privilegiados atendiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le otorgó un aumento en su proyecto de presupuesto 2025, pero que a pesar de esto tenía una adenda que plantear al Congreso para cubrir otras necesidades de la institución.
La “adecuación salarial” solicitada
La adenda planteada, sin mencionar monto, incluye la compra de equipos informáticos para completar la informatización total del registro de talento humano de la Contraloría, también la compra de minibuses, porque este año están dando de baja 12 de ese tipo de vehículos y la refacción del edificio de la Contraloría, que según dijo “da pena la imagen”.
El contralor, sin embargo, dejó para el final de su exposición la parte más importante de la adenda, que es la reprogramación de los servicios personales para una “adecuación salarial” para todo el personal.
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Argumentó que la propuesta es que se realice la reprogramación dentro del monto asignado por el MEF para el grupo de gastos 100 o servicios personales.
Explicó que la Contraloría paga bonificaciones y remuneraciones extraordinarias u horas extras, por lo que solicitan eliminar estos dos beneficios citados e incluir directamente los montos correspondientes al salario de cada funcionario.
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Benítez insistió ante los parlamentarios que no se va a superar el monto previsto por el MEF en el gasto destinado a servicios personales.
La Contraloría cuenta actualmente con 975 cargos de funcionarios permanentes, según el anexo de personal de la ley de presupuesto 2024.