Cargando...
Jonathan Goetz, geógrafo urbanista y magíster en Transporte y Movilidad por la Universidad de Toulouse, se refirió a la relevancia de la información que se genera con el cobro electrónico en el transporte público, datos que debería concentrar el Viceministerio de Transporte (VMT) en el Centro de Control y Monitoreo del billetaje. Sin embargo, al parecer, el diseño de políticas con datos concretos no es posible porque el software es ineficiente, según confirmó la Contraloría General de la República (CGR).
Al menos eso es lo que se desprende del informe final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada a la licitación pública “adquisición de una solución de control y monitoreo para el Sistema Nacional de Billetaje” (ID 368.264), convocada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) hace algunos años. El documento evidencia más anomalías de las ya detectadas en su momento por Contrataciones Públicas en la ejecución del contrato que fue administrado por los viceministros de Transporte, Pedro Britos y Víctor Sánchez Chamorro.
Se trata del contrato firmado por el MOPC, del cual depende el VMT, con el consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos Ortega, y conformado por la Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan SA (Rogelio Franco Dávalos), y V SAT SA (José Tomás Insfrán Rivarola). Esta última firma fue salpicada en el caso “tapabocas de oro”, investigación que estuvo a cargo del entonces fiscal Osmar Legal.
¿Qué encontró la CGR?
La CGR detectó una serie de anomalías, entre indicios de direccionamiento del llamado, falta de claridad en exigencias y en la evaluación a oferentes en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), así como pagos sin documentos respaldatorios, falta de ejecución de pólizas y ausencia de multas por incumplimientos de obligaciones en la instalación del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje.
En este último ítem, toma relevancia el hecho de que el VMT no recibió el “código fuente” que establecía el contrato, situación que deriva en limitaciones en la generación de informes vinculados al pago de subsidios, cantidad de buses en circulación, así como su frecuencia en tiempo real.
Al respecto, Jonathan Goetz observó que el billetaje permite conocer la demanda y circulación de buses con datos georreferenciados. Recalcó que esta cualidad permite “espacializar” el uso del transporte público.
No obstante, acotó que sería una información parcial, pues el transporte público en la mayor parte del territorio nacional sigue funcionando con cobro del pasaje en efectivo. Eso, pues la Ley N° 5230 del billetaje estipula que el sistema funcione en todo el transporte público, ya sea corta, mediana y larga distancia, pero hasta el momento solo se ha aplicado en el Área Metropolitana de Asunción (AMA) y Ciudad del Este.
Carencia “cruel” de servicios
“En mi opinión, lo interesante es contrastar eso con datos demográficos y socioeconómicos. En el Atlas del AMA hicimos un ejercicio similar de superposición de capas, lo cual permite revelar ciertas realidades, como por ejemplo: los barrios más pobres son los menos equipados en transporte público”, comentó.
Añadió que “los barrios menos densos carecen cruelmente de servicios de transporte público. Habría que poner en perspectiva los datos del billetaje con los del último censo, pero eso todavía no lo pudimos hacer”.
En ese sentido, se preguntó cómo las autoridades públicas incorporan las informaciones del CCM para mejorar sustancialmente las políticas públicas de movilidad.
Billetaje: sistema de cobro excluyente
El geógrafo urbanista y magíster en Transporte y Movilidad describió las deficiencias en el uso del sistema del billetaje, el cual es administrado por el VMT pero operado por empresas privadas, que son EPAS (Tarjeta Jaha, de Cetrapam) y TDP (tarjeta Más, de Álvaro Wasmosy Carrasco).
Haciendo la aclaración de que sus comentarios son “meramente como un usuario del sistema”, y uno como un informático o analista de sistemas, observó que el cobro electrónico es un elemento fundamental, pues es la única manera para poder acceder al servicio en capital y el AMA.
Y, vinculado al citado punto, pese a su importancia, resaltó el carácter exclusivo del pago con tarjetas que conlleva dificultades para algunos usuarios, pues desalienta a un grupo de usuarios, por ejemplo, el de adultos mayores. Además, y un situación recurrente, se dan inconvenientes con recargas.
Varios pasajeros coincidieron en que se les exige un monto mínimo de carga o no encuentran un punto para comprar saldo, lo que implica pérdida de tiempo. Soportan eso, entre otras carencias, sólo para que el Estado en teoría pueda “controlar” a los transportistas, pero con un centro de monitoreo ineficiente.
Billetaje de verificación “secreta”
Por otro lado, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) desde hace meses que viene exigendo la participación en el Consejo Ad Hoc, espacio que analiza todo lo referente al billetaje, los datos generados, control y otros detalles del transporte público.
El espacio para la representación de usuarios del sistema está contemplado en la Ley N° 5230 del billetaje, y aún así, el gobierno impide su participación a los pasajeros organizados.
Lea más: Opama acusa al Gobierno de pisotear sus promesas de “transparencia y apertura”, en sólo dos semanas