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Un informe de Fiscalización Especial Inmediata (FEI) de la Contraloría General de la República (CGR) al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reveló varias irregularidades sobre la composición de la deuda “por compromisos financieros reconocidos y registrados por la institución en el pasivo institucional”.
Por ejemplo, el ente de control resaltó que la cartera, al 31 de agosto del año pasado, no registró en su pasivo institucional la totalidad de los compromisos financieros con firmas contratistas del Estado, por un valor de G. 2.421.347 millones, lo que representa un monto aproximado de US$ 336 millones.
“Dicha situación significó una distorsión de la realidad de los estados financieros de la cartera ministerial, dificultando la exposición veraz de la situación contable, económica y patrimonial del ente ministerial”, resaltó el ente de control.
Asimismo, destacó que Obras Públicas autorizó y pagó la cesión de derechos de cobro por certificados de obras a entidades bancarias, sobre deudas que aún no fueron registradas en el pasivo institucional, por un valor de G. 3.220.620 millones, equivalente a US$ 460 millones.
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“El MOPC autorizó y pago a contratistas la cesión de derechos de cobro por certificados de obras pendientes de pago, que correspondían a compromisos financieros asumidos entre el ente sujeto de control y las empresas contratistas, sin embargo, dichas deudas no fueron registradas contablemente en el pasivo institucional, según el Balance General al 31/08/23″, resalta el documento.
Cesiones de deudas no fueron reconocidas en contabilidad
El informe de la CGR resaltó además que según la información proporcionada por el MOPC, entre los años 2018 al 31 de agosto del año pasado fueron aprobadas cesiones de deudas por un total del valor ya citado más arriba de G. 3.220.620 millones, equivalentes a US$ 460 millones, sin que las mismas hayan sido reconocidas en la contabilidad institucional.
“Cabe destacar que la mencionada cesión de derechos de cobro se encontraba regulada para pagos de certificados de obras con fuente de financiamiento local, sin embargo, el MOPC autorizó la cesión de derecho de cobro por certificados de obras con fuente de financiamiento externo, sin haberse emitido una norma específica para los casos de fuente externa”, aseveró el ente.
Ante lo expuesto, la CGR advirtió que se visualizó una total desprotección del patrimonio público por parte del MOPC al autorizar la cesión de derechos de cobro por certificados de obras sin la existencia de un procedimiento preestablecido al respecto, afectando principalmente al “principio de legalidad” de la administración.
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Acotó que en el derecho administrativo la cuestión debe estar expresamente autorizada, como condición ineludible de regularidad y validez. En tal sentido, el órgano superior de control recomendó el inicio de investigaciones tendientes a dilucidar el comportamiento de los agentes públicos intervinientes en los procesos, deslindar responsabilidades y en su caso, aplicar las sanciones que correspondieren.
Asimismo, la CGR resaltó que el MOPC pagó por facturas que incluían reajustes en los certificados de obras sin considerar la emisión de códigos de contratación complementarios para reajuste de precios, en el marco de algunos contratos administrados por unidades ejecutoras.
Además destacó que la institución no registró en su pasivo institucional los compromisos financieros al 31/08/23, bajo el concepto de intereses moratorios de algunas unidades ejecutoras de contratos, entre los años 2015 al 2022, por un valor de G. 1.219 millones.