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La Contraloría General de la República (CGR) informó la semana pasada que ya en abril último dio un cierre a las verificaciones que venía realizando al fallido contrato de Petróleos Paraguayos (Petropar) con la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, para la compra de gasoíl por más de US$ 51 millones.
Según reportó la anterior semana el departamento de comunicaciones del ente de control, las verificaciones se cerraron porque el caso fue judicializado por Petropar y que esto se concretó a través de un memorándum interno.
Sin embargo, hoy miércoles, dicha dependencia informó que el contralor, Camilo Benítez, ordenó que se presente un informe final del caso, el cual concluirá en 15 días más. Quisimos pedir mayores detalles con Benítez, pero no tuvimos respuestas. Desde el departamento de comunicaciones informaron que el contralor estaba en una reunión por lo que no podía atendernos.
La verificación de la CGR sobre el caso Lafarja-Petropar estaba a cargo de la Dirección de Contrataciones de la CGR, cuyo titular es Paul Ojeda, quien evita opinar sobre el trabajo que viene realizando. Llamativamente, el alto funcionario mantiene el caso con serios indicios de corrupción con total hermetismo.
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Al cancelarse el contrato de Lafarja, oficializado en noviembre de 2023, la CGR realizó un pedido de informe que fue respondido por Petropar, y según se informó en su momento, el ente de control analizó los documentos. De esta verificación dependía la apertura de una auditoría.
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La demanda de Petropar
Justamente, Petropar “demandó” en diciembre del año pasado a la firma AP SA, en un juzgado civil y comercial de la capital, para poder cobrar la garantía por US$ 1,5 millones, tras la fallida compra de gasoíl. El 13 de febrero último, el juez que lleva el caso, Arnaldo Martínez Rozzano, admitió la demanda, pero la estatal no estaba impulsando el juicio para que pueda avanzar.
El 30 de mayo último, la empresa AP SA, presentó una propuesta de acuerdo ante el juzgado de Martínez Rozzano. En dicho documento que tiene la firma del abogado Francisco López Ovelar, la compañía de la corredora de rally ofreció el pago de solo US$ 150.000 a la petrolera pública, para ser desembolsado en 10 cuotas de US$ 15.000 y poner fin al juicio en curso.
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Esto significa que la empresa de Lafarja pretende abonar 10 veces menos que los US$ 1,5 millones que le debía pagar a Petropar tras la cancelación de su contrato, que es el monto que se comprometió en una garantía de mantenimiento de oferta, que la compañía de Lafarja presentó en formato de declaración jurada.
El juzgado confirmó que ya corrió traslado de este ofrecimiento a Petropar, pero aún no se sabe si la estatal aceptará el acuerdo. Este diario intentó contactar sobre este tema con el titular de la petrolera pública, Eddie Jara, quien sigue sin responder al respecto.
Esta propuesta de acuerdo de la firma de Lafarja se concretó luego de que el 7 de mayo último haya presentado otro escrito ante el juzgado para “oponer excepciones de incompetencia de jurisdicción y convenio arbitral como de previo y especial pronunciamiento”.
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Concretamente, con este petitorio, que también tiene la firma del abogado Andrés G. Simón Flecha, AP SA planteó un pedido de incompetencia del juzgado ordinario que lleva el caso de la demanda de Petropar y busca que se resuelva en un arbitraje “como está establecido en el contrato”, según la firma.
Justamente, con este propósito, la empresa de Lafarja presentó un requerimiento arbitral, pero recién el 3 de mayo último, en la sede del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay. Empero, 22 días después arrimó una propuesta de pago a Petropar.
AP SA tenía contratos con la Dinac por montos ínfimos, ya sea para la provisión de alfombras o decoración, pero aún así Petropar le adjudicó la compra de diésel por más de US$ 51,5 millones.