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El 8 de diciembre último salió el laudo del arbitraje internacional ad hoc del fracasado metrobús, documento de 151 páginas, en el que tribunal internacional resolvió que el Estado Paraguayo debe pagar casi US$ 17 millones a la empresa portuguesa Mota Engil, ex contratista del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la fallida obra del Gobierno de Horacio Cartes, cuyo contrato fue rescindido durante la administración de Mario Abdo Benítez.
La empresa extranjera finalmente no consiguió los US$ 40 millones que reclamó en este juicio por supuestos daños, pero de igual forma logró que los jueces le otorguen la cifra millonaria, pese a que la firma fue cuestionada en su momento por no ejecutar en tiempo y forma los trabajos, que hasta ahora sigue siendo un dolor de cabeza para los frentistas.
El arbitraje se desarrolló en Asunción, pero el tribunal que salió a favor de la firma extranjera, que se conformó a comienzos del 2020, está integrado por el brasileño José Emilio Nunes Pinto (presidente del tribunal), el mexicano Claus von Wobeser (elegido por Paraguay) y el argentino Guido S. Tawil (elegido por Mota Engil). El juicio fue administrado por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), con sede en La Haya, Países Bajos.
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El procurador general de la República, Marco Aurelio González, informó ayer en conferencia de prensa, ocho días después de la sentencia, que el Tribunal resolvió otorgar US$ 4.948.257 por “los daños emergentes de Mota Engil”, proporcionales a las demoras imputables al MOPC en la obra (la portuguesa pidió en este caso US$ 14,6 millones), según el documento.
Asimismo, los jueces ordenaron el resarcimiento de 4.905.260 de euros a Mota, por la ejecución indebida de la garantía de cumplimiento por parte del MOPC, y 121.000 euros “en gastos incurridos por la demandante (Mota) derivados de la contravención de la demandada (MOPC) de las Órdenes Procesales del Tribunal (Nros. 1, 3 y 5)”, los cuáles ordenaban al MOPC a que no ejecute las garantías del fracasado contrato, pero que la institución de igual forma reclamó las pólizas. Por esto se debe desembolsar la suma de otros US$ 5,4 millones al cambio actual (del euro al dólar) a la portuguesa.
González enfatizó en la conferencia de prensa este “error” de reclamar las pólizas durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, con lo cual se recuperó más de US$ 12 millones del Banco Itaú y Royal Seguros (vinculado a Juan Carlos López Moreira, ex jefe de Gabinete de Cartes).
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Tribunal confirma que obra era inviable
Pero el alto funcionario nada indicó sobre lo que señaló el tribunal respecto a que el proyecto de la era Cartes era inviable sin la liberación de la franja de dominio, que se obvió en el plan que licitó el exministro Ramón Jiménez Gaona, hoy procesado por el caso del metrobús junto con la exviceministra de Finanzas Marta Regina Benítez Morínigo y el exgerente del plan Guillermo Alcides Alcaraz Reisenger.
Tampoco nada indicó sobre la conclusión del colegiado, respecto a que la obra no iba a poder avanzar sin el acuerdo con la Municipalidad de Asunción, porque se pretendía ejecutar un desagüe de menores proporciones a la existente.
“Para el tribunal se ha demostrado que el problema de la franja de dominio, de la afectación de terrenos de frentistas que debían ser expropiados o liberados, fue fundamental para impedir a Mota Engil acceder al lugar de las obras en el tramo 3, del modo en que había concebido el proyecto o, cuando menos, de un modo que hubiese permitido una construcción conforme a las mejores prácticas”, resaltó el laudo.
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Respecto a la falta de permisos de la comuna capitalina el tribunal resaltó que “el verdadero escollo para ingresar al tramo 2 fue la renuencia de la Municipalidad de Asunción de permitir la realización en su territorio de una obra con un sistema de desagüe más precario que el ya existente”. Esto evidencia que los desagües ejecutados no fueron los ideales y hoy, en Fernando de la Mora, donde se hizo una parte de la obra, se inunda con cada lluvia.
Otros pagos que ordenó el tribunal
González resaltó que el Tribunal también ordenó que se debe desembolsar a Mota Engil US$ 2.854.317 por montos retenidos indebidamente, casi US$ 1 millón por costos y costas y aproximadamente US$ 2.842.000 en concepto de intereses. La suma total da casi US$ 17 millones, expresó.
Se puede pedir una nulidad
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, señaló que aún se puede pedir la nulidad del laudo ante un Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la capital y también solicitar un recurso de aclaratoria o rectificación ante el propio tribunal del arbitraje internacional. “Básicamente hay dos recursos posibles: un recurso de aclaratoria o rectificación ante el Tribunal y si eso se interpone suspende el plazo, para después plantear el recurso de nulidad, que es el segundo recurso que tenemos”, expresó el alto funcionario.