Cargando...
La Contraloría General de la República (CGR) debía culminar este mes la fiscalización especial inmediata (FEI) que viene realizando desde enero de este año a la ejecución de las obras del inservible acueducto del Chaco, proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que se inició en el 2012 y que afecta a tres gobiernos.
Sin embargo, debido a las prórrogas que solicitaron el MOPC y algunos exministros se está retrasando el informe final, según informó ayer a este diario el contralor Camilo Benítez, quien además señaló que todos los involucrados tienen la oportunidad de realizar sus descargos a las observaciones preliminares del ente de control, las cuales aún se desconocen.
En este sentido, el alto funcionario mencionó que la actual ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, ya pidió cuatro prórrogas para responder a las observaciones de la CGR. La primera fue solicitada el 12 de octubre último, la segunda el 23 de ese mismo mes, la tercera el 1 de noviembre y la cuarta postergación el 13 de este mes.
Lea más: MOPC pagó más de US$ 100 millones por el inservible acueducto del Chaco
Según Benítez, hasta la fecha, solo los exministros de Obras Enrique Salyn Buzarquis y Rodolfo Segovia respondieron a la Contraloría, a finales de octubre, y que el exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, ya pidió dos postergaciones, la primera el 12 de octubre y la segundo el 10 de noviembre último. Asimismo, el exministro de Obras, Arnoldo Wiens, ni siquiera se tomó la molestia de contestar al organismo de control.
“Es una auditoría que data desde hace más de 13 años y muchos de los exministros solicitaron prórrogas. Esto se les concedió porque consideramos que estaba justificado el hecho de que ellos no tenían la documentación respaldatoria, habiendo cesado sus cargos hace tantos años”, expresó.
Lea más: MOPC aún no tiene una solución para el fracasado acueducto del Chaco
Acueducto del Chaco: A finales del año se podría tener el informe
El contralor resaltó que, por ese motivo, la CGR todavía no puede cerrar el informe final. “No podemos cerrar, la comunicación de las observaciones se realizó, pero hasta que no se defiendan los exministros no puede concluir el informe. Apenas venza el plazo, que yo calculo que va a ser a fin de año más o menos, ahí vamos a poder sacar el informe”, expresó Benítez.
El contralor también resaltó que la idea es que el informe sea lo más objetivo posible. “No queremos que luego se pueda alegar que no se le dio el tiempo para poder defenderse. Ese es el motivo por el cual accedimos al pedido de prórroga presentado por los exministros de Obras Públicas”, expresó.
El MOPC ya pagó más de US$ 100 millones por las quince contrataciones (ver infografía) que se realizaron para concretar esta obra -cuya construcción duró 10 años-, pero que sigue sin funcionar hasta ahora, debido a que los 203 km de cañerías instaladas desde Puerto Casado hasta Loma Plata son inservibles.
Lea más: MOPC también pagó millones para “fiscalizar” el fracasado acueducto
Los contratos se adjudicaron y se ejecutaron durante los gobiernos de Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, pero las “inversiones” realizadas cayeron en saco roto, pues el agua sigue sin llegar a las comunidades que debían beneficiarse con el plan. La fallida obra salpica la gestión de los exministros Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona y Arnoldo Wiens y, en la última etapa, a Rodolfo Segovia.
La palada inicial se realizó en 2012 y, en ese momento, se informó que el proyecto iba a costar US$ 50 millones. Empero, hasta ahora se gastó el doble de lo previsto para “ampliar” la red a varias comunidades, que siguen sin recibir el vital líquido. Ante esta situación se continúa gastando recursos públicos para que el agua llegue a las comunidades en camiones cisternas y, además, en reparaciones “parches” del acueducto.
Lea más: MOPC rescindió contratos del acueducto tras pagar todo a empresas
Obra tuvo sobrecostos
El MOPC pagó G. 735.409 millones (más de US$ 100 millones) a los 15 consorcios que se encargaron de construir, fiscalizar y diseñar el inservible acueducto del Chaco (fase 1, 2 y 3), según informó el MOPC. Todos los contratos tuvieron aumentos en el orden del 20% que permite la ley, e incluso uno de ellos tuvo un sobrecosto del 60%.