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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el contralor general de la República, Camilo Benítez, señaló una inconsistencia entre los montos que sostienen el Instituto de Previsión Social y la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (Cifarma) en cuanto a la deuda por la provisión de medicamentos, algo que atribuyó a una “informalidad contable” por parte de la previsional.
La deuda del IPS con las empresas farmacéuticas por la provisión de insumos, medicamentos y otros servicios asciende, hasta el 31 de julio del 2023, a 280 millones de dólares, según dijo ayer Luis Ávila, secretario de Cifarma.
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Sin embargo, la Contraloría afirma que, de ese monto total, unos 158 millones de dólares no cuentan con documentación respaldatoria.
Benítez señaló que no se cuestiona la existencia de la deuda, pero que existe una incertidumbre sobre el monto exacto que el IPS debe a sus proveedores y la composición de esa deuda, una confusión que “puede permitir que haya presunciones de corrupción”.
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Lamentó que desde un principio el IPS haya “boicoteado” los esfuerzos de la Contraloría por monitorear el endeudamiento en la previsional, señalando que fue necesario recurrir a una orden judicial para que el IPS entregue información requerida.
Informalidad de “altísimo riesgo”
En cuanto a la auditoría de la deuda a proveedores, el contralor señaló que solo se pudo realizar gracias a la información proveída por las farmacéuticas privadas.
Opinó que la discrepancia entre los montos de la deuda que presentan el IPS y la Cifarma “desnuda una informalidad contable de altísimo riesgo” y que el IPS debería tomar “más en serio la parte administrativa” y “formalizar sus balances”.
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El contralor Benítez indicó que la “bola de nieve” de la deuda habría crecido debido al “modus operandi” de que los medicamentos se provean “ante necesidad”, a ser pagados a futuro.
E insistió en que “hay una sospecha razonable de que este manejo displicente puede hacer que haya presunción de fraude”.