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La audiencia de imposición de medidas fijada para hoy para el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de Finanzas del ente, Marta Regina Benítez Morínigo, y al exgerente del metrobús, Guillermo Alcides Alcaraz Reisenger, quedó postergada por tiempo indefinido. Es en el proceso abierto por el caso del fallido metrobús.
Esto a raíz de un recurso de reposición planteado contra la convocatoria por los abogados Tarek Tuma y Alcides Cáceres, que están a cargo de la defensa de los tres procesados.
En abril pasado, juez Humberto Otazú procesó a todos por lesión de confianza y ordenó el embargo sobre las cuentas bancarias de Jiménez Gaona, Benítez y Alcaraz, por la suma de G. 36.456.970.944 de cada una de ellas, totalizando G. 109.370.912.833. Asimismo, al inicio del proceso, dispuso la inhibición de vender y gravar bienes para todos.
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Fiscalía imputó en abril de este año, tras “investigar” cuatro años
Recordemos los ex altos funcionarios fueron imputados por la fiscala María Estefanía González, quien en su acta de imputación señaló que durante el 2013 al 2018, Jiménez Gaona, en su calidad de ministro, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades del MOPC, no habría cumplido con exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos por la firma constructora Mota Engil Ingeniería y Construcción SA.
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Entre otras cosas, señalaba en el escrito que el exministro no tenía los permisos de las comunas de Asunción y San Lorenzo para avanzar con las obras y habría iniciado las construcciones sin tener el diseño final de ingeniería presentado por Mota Engil, el cual fue aprobado con observaciones porque la empresa fiscalizadora (Typsa-Incosa-Ingeneg) recomendó solo la aprobación provisional.
En este sentido, según el acta de imputación se llegó a pagar US$ 29 millones a Mota Engil, por obras que no cumplen las especificaciones del contrato y del pliego y que no son de utilidad a la ciudadanía. La imputación del gerente del proyecto, Guillermo Alcaraz fue por casi los mismos hechos irregulares que salpicaron a Jiménez Gaona y la de Marta Benítez fue por permitir un encarecimiento del 35% en esta obra.