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Atome Paraguay S.A. con mucho fundamento podría recurrir al Poder Judicial paraguayo y pedir “no innovar” en materia tarifaria, dado que el contrato firmado con la ANDE establece la tarifa de suministro que corresponde a la Categoría 620, muy alta tensión del Pliego de Tarifas N.º 21 vigente y no de electrointensiva, advierten en la nota presentada a la CGR.
“La ANDE tiene una experiencia negativa en el caso de CLYFSA, según decidió el Poder Judicial, el que entendió, ante su reclamo en el 2017 que no podía haber un reajuste abrupto entre el Pliego N.º 20 y el N.º 21 y hoy CLYFSA paga, acción judicial mediante, su energía según el Pliego N.º 20, como bien sabe la ANDE y para grave daño patrimonial de ésta y del Estado paraguayo”,
Recordaron que en diciembre de 2022 solicitaron a la CGR revisar el contrato entre ANDE y Atome Energy, denunciando un posible daño patrimonial de al menos US$ 117 millones.
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“La CGR respondió realizando apenas una revisión superficial de la documentación, mediante la Nota Nº 2.673/2023 del pasado 01 de junio, sin adjuntar la documentación que dice haber analizado”, explicaron desde las citadas organizaciones.
Por ese motivo, presentaron ayer una nueva nota en la que solicitan la remisión de toda la información enviada por la ANDE a la CGR, para tener una apreciación más acabada sobre este tema. También piden la realización, por parte de la CGR de una fiscalización especial inmediata (FEI), que contemple un acabado estudio sobre los riesgos y pérdidas a corto, mediano y largo plazo que implica la decisión de la ANDE. “Es importante señalar que la ANDE ha violado el Decreto N.º 7.551/2017, cuya aplicación es imprescindible en el caso de toda industria electro intensiva”, añaden.
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“La ANDE sostiene que “... en el momento que tome conocimiento de que ATOME Paraguay SA registra un Factor de Carga Mínimo Anual de 85% se le aplicará el Decreto N.º 7551/17 o el régimen tarifario aplicable correspondiente en ese momento”. Explican además que esta posición de la ANDE implica severos riesgos para el patrimonio de la propia empresa eléctrica estatal y del Estado paraguayo.