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En agosto del año pasado, la Contraloría General de la República (CGR) culminó dos exámenes que realizó a la Industria Nacional del Cemento (INC), en las que el ente de control halló indicios de hechos punibles, pero que hasta ahora no remitió al Ministerio Público.
El contralor Camilo Benítez informó ayer que recién la próxima semana podrían remitir los documentos a la fiscalía, mientras que la Directora General de Control Gubernamental del ente, Gladys Fernández, señaló que recién el martes o miércoles podría informar al respecto. Asimismo, Darío Ortega, director jurídico de la entidad, solo se limitó a decir que seguían coordinando el caso con las misionales de la CGR para remitir el caso al Ministerio Público.
Ambos exámenes evidenciaron el fracaso de la “inversión” de US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos en la estatal, tanto en las plantas de Villeta y Vallemí, durante el Gobierno de Horacio Cartes. Sin embargo, no se envió a la fiscalía, que tiene una causa abierta en este caso desde hace más de tres años.
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Detalles de los informes de la Contraloría sobre INC
El primer informe se trata de una auditoría de cumplimiento a la gestión del titular de la INC, Ernesto Benítez, en la que la entidad de control evidenció que en el 2021 la empresa pública registró la producción más baja de clínker (principal insumo del cemento) en la historia de la cementera, por la constante paralización de su horno de Vallemí, donde se invirtió una parte importante de los bonos.
“Durante el ejercicio fiscal 2021 el horno III (de clinkerización) tuvo paradas por un total de 4.355,36 horas, equivalente a 181,48 días, produciendo durante el tiempo de funcionamiento un total de 318.860,47 toneladas de clínker, que con respecto a la capacidad nominal de producción (600.000 tn/año) representó el 53.23%”, resaltó el informe de agosto del 2022.
Además, el documento señaló que las continuas paradas del horno III “incidieron en la producción de materia prima (clínker) necesaria para la elaboración del cemento, por lo que los ingresos por ventas de productos se vieron disminuidos en el ejercicio fiscal 2021 y consecuentemente la rentabilidad de la empresa”.
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En este sentido, la CGR cuestionó la escasa producción de la cementera pública, pese a que se realizaron millonarias inversiones de los bonos en la fábrica, justamente con la excusa de aumentar la capacidad de la estatal tras la adecuación para el cambio de combustible del horno de Vallemí (de fuel oíl a coque).
“Los préstamos otorgados por el Ministerio de Hacienda a la INC para el proyecto de mejoramiento de horno III totalizaron US$ 79.845.600, en distintos periodos; sin embargo, la misma no ha cumplido con el fin principal de la concesión de los préstamos y endeudamiento, que consistió en el aumento de la capacidad de producción, disminución de costos e incremento de los ingresos de la estatal mediante la venta de sus productos, hecho que se evidencia en el continuo descenso de las cantidades de cemento producidas y vendidas en periodos anteriores”, resaltó la CGR.
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CGR: INC pagó demás en contrato
En el segundo informe de fiscalización inmediata que la CGR realizó a la INC, descubrió que la cementera estatal hizo pagos demás en el marco del contrato para “Montaje Mecánico, Eléctrico, Electrónico y Civil para Puesta en Marcha del Ventilador Tiro Horno III” de la fábrica de Vallemí, apuesta que también forma parte de las mejoras de la fábrica.
Para ejecutar esta tarea fue adjudicada por G. 8.377 millones la empresa CIE S.A., representada por Hugo Ángel Aranda Núñez, y se ejecutó en el 2021. En este sentido, el ente contralor reveló que la empresa pública hizo figurar mayores cantidades de obras que las que fueron ejecutadas realmente, lo que representó un desembolso que supera los G. 1.403 millones que no se pudo justificar.
“Se verificó la certificación de ítems en cantidades distintas a las ejecutadas, lo cual derivó en una diferencia de G. 1.403.207.996″, resaltó el ente contralor y desglosó los ítems donde hicieron figurar mayores cantidades de trabajos que los que efectivamente se concretaron (ver facsímil).
En este caso, el ente de control pidió que se recuperen estos recursos desembolsados y además descubrió que se agregaron obras ya previstas en una adenda y con sobreprecios, entre otras irregularidades.