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En el acta de imputación, la fiscala María Estefanía González ni siquiera mencionó la adjudicación del exministro Ramón Jiménez Gaona para ejecutar las obras del tramo 1 del fallido metrobús, que debía ejecutarse en varias calles del centro de Asunción (Puerto - Haedo- Herrera - Mercado 4), donde los trabajos nunca empezaron.
Este trayecto se otorgó en febrero de 2018 al consorcio integrado por la paraguaya DC Ingeniería SA y la uruguaya Stiler SA (Luis Alberto Duarte), por un valor de G. 134.579 millones (casi US$ 19 millones al cambio actual). En el marco de este contrato Jiménez Gaona llegó a pagar un anticipo de G. 18.205 millones (US$ 2,6 millones) a dicho grupo, pese a que la Municipalidad capitalina no autorizó los trabajos.
El millonario adelanto que se desembolsó hasta ahora no se recuperó y, además, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sigue sin cerrar hasta la fecha el contrato del tramo 1 del fracasado metrobús.
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Desde Obras Públicas solo informaron ayer que “se está negociando un cierre de mutuo acuerdo” con DC-Stiler y que en marzo pasado remitieron el caso a la Procuraduría General de la República (PGR), según informó Blas González, titular de la Dirección Jurídica de la institución.
Esto significa que además del fracaso del metrobús en los tramos 2 y 3 (ruta Mariscal Estigarribia y Eusebio Ayala), que Jiménez Gaona otorgó a la empresa Mota Engil y por el que se pagó US$ 30 millones, el exalto funcionario cartista, también adjudicó las obras del tramo 1 y pagó millones por trabajos que nunca iniciaron en el centro.
El director jurídico del MOPC también informó que la empresa DC-Stiler renovó la garantía bancaria del anticipo pagado, que está a cargo del entonces BBVA (hoy Banco GNB), de manera a que se puedan recuperar los recursos desembolsados. ABC intentó contactar con los representantes de DC Ingeniería, pero no tuvimos respuestas.
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Jiménez Gaona fue imputado
La fiscala María Estefanía González imputó esta semana a Jiménez Gaona, a la exviceministra de Finanzas Marta Regina Benítez y al exgerente de la obra del metrobús Guillermo Alcides Alcaraz por supuesta lesión de confianza, principalmente por posibles hechos punibles detectados en las obras de la portuguesa Mota Engil.
El juez especializado en delitos económicos, Humberto Otazú, hizo lugar a la imputación y decretó como medida preventiva el bloqueo de los bienes de Jiménez Gaona y los otros imputados, con “la inhibición general de enajenar y gravar bienes”, que fue solicitada y sugerida por la agente González.
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Justamente, la obra del fracasado proyecto solo pudo “avanzar” en el trayecto adjudicado a Mota Engil (tramos 2 y 3). En este caso, el MOPC pagó unos US$ 30 millones a la portuguesa, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado.
A esta compañía extranjera le otorgaron los tramos 2 y 3 por US$ 54 millones, en febrero de 2016 (G. 300.417 millones), pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones).
Hay que señalar además que el caso del metrobús está a instancias de un arbitraje internacional, donde la empresa portuguesa Mota Engil reclama el cobro de otros US$ 35 millones más. Actualmente, el arbitraje está en autos para una sentencia, según la Procuraduría.
Recién ayer MOPC pidió parecer de PGR
Desde la Procuraduría General de la República (PGR) informaron que recién ayer el MOPC remitió por mesa de entrada de la institución, a las 09:45, una nota por la cual remitió los documentos necesarios para el cierre del contrato con la empresa DC Ingeniería y Stiler.
Este escrito será objeto de análisis por parte de la PGR y será prioridad para el procurador General, Rodolfo Barrios, según manifestó la institución, a fin de dar una respuesta a Obras Públicas. La Procuraduría también está liderando el arbitraje internacional en curso.