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En comunicación con ABC Cardinal este martes, la fiscala María Estefanía González habló de la imputación al exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y otros funcionarios por supuesta lesión de confianza en el marco del fallido proyecto del metrobús.
El lunes, el Ministerio Público anunció que imputó a Jiménez Gaona, a la exviceministra de Finanzas María Regina Benítez y al exgerente de la obra del metrobús Guillermo Alcides Alcaraz por supuesta lesión de confianza, por el presunto incumplimiento de las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra, lo que impidió la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos por la firma constructora Mota Engil Ingeniería y Construcción SA.
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La fiscala González explicó que asumió la causa hace cinco meses, llamando a una audiencia indagatoria para impedir que prescriba y verificando los informes presentados por la Contraloría General de la República, que en un informe de 2020 realizó 70 observaciones de elementos que la Fiscalía debería investigar en el marco del caso metrobús.
La agente del Ministerio Público dijo que el nuevo fiscal general Emiliano Rolón, quien asumió el mes pasado, asignó técnicos para que la asistan, lo que finalmente permitió presentar ayer la imputación.
Explicó que lo siguiente en la investigación será la realización de “varias pericias”.
Las irregularidades en el caso metrobús
La fiscala González indicó que hasta el momento la Fiscalía determinó un supuesto perjuicio al Estado por 29 millones de dólares por préstamos hechos a organismos internacionales para financiar la obra del metrobús, de los cuales el Gobierno recuperó unos 12 millones por seguros.
“Una vez que se realice la pericia tendríamos que saber si se pagó lo que corresponde por lo que se hizo o se pagó de más”, señaló, indicando que la imputación podría ampliarse a más personas una vez que se verifique a todas las empresas constructoras y asesores que participaron del proceso y se determine “si valía la pena pagar”.
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La fiscala González señaló que entre las irregularidades detectadas se cuenta el hecho de que la “parte fluvial” de la obra no fue verificada por técnicos, no había contratos o resoluciones con las municipalidades afectadas por la obra ni se pagó indemnizaciones a los frentistas cuyos negocios se veían afectados por los trabajos de construcción.
Además, señaló, ni siquiera existía un diseño final de las obras cuando estas comenzaron.
Igualmente, resaltó el hecho de que el contrato establecía claramente un tiempo en que la obra debía ser concluida, estableciendo multas en caso de incumplimientos que nunca se cobraron.
“No tenían habilitado nada (…) No había contrato con la Essap, con ANDE; esas situaciones fueron atrasando y fueron aumentando las multas, todo eso son perjuicios que la Contraloría detectó en la administración del señor Jiménez Gaona”, detalló.
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Consultada sobre el hecho de que la imputación se realice recién ahora, bajo una nueva administración del Ministerio Público, a pesar de que su trabajo comenzó meses atrás bajo la administración de la ex fiscala general Sandra Quiñónez, la fiscala González dijo que durante los meses previos se llevaron adelante las diligencias que eran posibles, pero que la complejidad del caso requería de la colaboración de técnicos que fueron asignados por el nuevo fiscal general.
Negó que durante los meses previos haya sido presionada para “atajar” la imputación.