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En agosto del 2020, la Comisión Bicameral del Congreso que investigó el fallido metrobús, confirmó varias irregularidades en la ejecución de la fracasada obra del Gobierno de Horacio Cartes, a través de tres dictámenes, dos de ellos con observaciones contundentes y uno con un intento de blanqueo.
Por unanimidad, ambas cámaras del parlamento aprobaron que el trabajo se remita al Ministerio Público hace más de dos años, pero dicha institución ignoró el trabajo realizado por los congresistas. El diputado Edgar Acosta, relator de la bicameral, exigió ayer que la fiscalía tenga en cuenta el trabajo que realizaron en las investigaciones de la causa, que hoy está en manos de la fiscala María Estefanía González.
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“Espero que se tenga en cuenta el informe realizado por la Comisión Bicameral, un trabajo que fue técnico en el que se hizo un análisis minucioso de todas la documentaciones y también entrevistas que realizamos. Es un informe bastante bueno”, expresó.
Al mismo tiempo, insistió en que ambas cámaras aprobaron en su momento que el informe de la bicameral se remita a la fiscalía, por lo que no puede dejarse de lado en las pesquisas. “Hay que dar una respuesta a la ciudadanía, el caso del metrobús se tiene que investigar, porque toda autoridad tiene responsabilidad, porque no puede ser que todo el daño pasado no tenga consecuencias penales”, expresó.
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Lo que concluyó la bicameral sobre caso metrobús
El primer dictamen, que fue elaborado por el diputado Édgar Acosta y el senador Amado Florentín (ambos del PLRA) tiene 54 observaciones, y confirma que pese a denuncias de los frentistas ante el Banco Interamericano de Desarrollo y el MOPC se optó en seguir con las obras (ver infografía).
Entre otras cosas, asevera que el contrato de los tramos 2 y 3 del corredor central con la empresa Mota Engil tuvo un inmediato acuerdo para convenios de modificación, que “han sido realizados en el marco de un escenario irregular sin precisiones técnicas de diseño y planificación”.
También resaltó que la inclusión de la zanja técnica (para cableado subterráneo) tiene indicios de sobrefacturación, ya que se pagaron 1,6 millones de dólares por cada km de esta obra (debía tener 11 km y se tendrían que pagar US$ 18 millones).
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A su turno, el presidente de la comisión, el entonces diputado colorado Ramón Romero Roa (fallecido en junio de 2021), compartió la mayoría de las conclusiones de sus colegas en su dictamen (40 conclusiones en total) y cuestionó enérgicamente la falta de cooperación del BID en proveer y brindar la información requerida alegando cuestiones de carácter interno que impiden, según sus normas, brindar dichas informaciones.
Agregó que la Fiscalía General del Estado (en ese momento manejado por Sandra Quiñónez) no respondió sobre las investigaciones que vienen realizado respecto al programa denominado metrobús.
El tercer dictamen, a cargo del senador Enrique Bacchetta (ANR), apoyado por el diputado Hernán Rivas (ANR) y la entonces senadora liberal Zulma Gómez (fallecida en julio del año pasado), en un improvisado dictamen de cinco páginas intentaron minimizar las consecuencias del fracasado proyecto que perjudicó a miles de compatriotas.