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El 28 de mayo de este año se cumplirán cinco años desde que se presentó la primera denuncia penal sobre el fallido proyecto del metrobús al Ministerio Público, por lo que la causa puede prescribir si es que la Fiscalía no concreta una intervención.
Debido al tiempo de investigaciones que ya transcurrió, según explicaron, se cumplirá el plazo de la pena máxima de cinco años que se prevé por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, que es lo que se denunció en este caso.
Así confirmaron abogados consultados por ABC Color, quienes además señalaron que si la fiscalía no realiza una “interrupción”, prevista en el código penal, ya sea realizando un acto de instrucción sumarial o una indagatoria a los inculpados, la causa se extingue.
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Fiscala dice que realizará una indagatoria para que no prescriba
La carpeta está a cargo de la fiscala María Estefanía González desde septiembre del año pasado, tras pasar por las manos de varios investigadores, los que nada avanzaron con las pesquisas. González confirmó a este diario que, justamente, para que la causa no prescriba en mayo realizará una indagatoria a los denunciados.
“Les llamaré a indagatoria a todos”, manifestó y agregó que esto se realizará en los próximos días o semanas. Asimismo, González es la única investigadora de este caso que luego de cinco años está avanzando hacia la realización de una pericia, con la cual determinará si hubo daño patrimonial.
“Estamos pidiendo más informes para los peritos, que necesitan para realizar la pericia. Una vez que envíen las instituciones les entregamos y ellos comienzan a trabajar”, explicó.
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Se ganarán otros cinco años si se hace la indagatoria
En este sentido, según los juristas consultados, si la fiscala González realiza la indagatoria a los denunciantes “se ganará” cinco años más para investigar, porque a partir de ese momento los plazos correrán de nuevo, alegan. Sin embargo, aclararon que si en esos cinco años más no se avanza, el caso prescribirá, porque solo puede transcurrir el doble del plazo de la pena máxima del hecho punible denunciado.
La denuncia del caso metrobús fue presentada por el Ing. Herman Pankow el 28 de mayo del 2018. A esto se suman dos denuncias más, la primera que había sido presentada por el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, quien también presentó otra demanda penal en enero de 2019, y la segunda fue remitida por la Comisión Bicameral del Congreso, la que también investigó el fallido proyecto y reveló varias irregularidades.
Por el caso son investigados el exministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona; la exviceministra de finanzas, Marta Benítez Morínigo, y el exrepresentante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Eduardo Almeida, por el supuesto hecho de lesión de confianza. La denuncia fue ampliada en varias ocasiones e incluyeron al exjefe de gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz, por enriquecimiento ilícito, y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas.
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Mota Engil quiere US$ 35 millones más
El MOPC pagó más de US$ 30 millones a Mota Engil, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado en el proyecto metrobús. Además, la empresa portuguesa sigue con su pretensión de cobrar US$ 35 millones más al Estado paraguayo, cifra que reclamó en un arbitraje internacional, en el que demandó al MOPC.
El arbitraje está en autos para sentencia y depende del tribunal definir si se paga más o no a la empresa extranjera, según confirmó el procurador Rodolfo Barrios. Añadió que no hay plazo para que los jueces dicten sentencia, pero indicó que el laudo se daría en el primer semestre de este año.