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“El diplomático y director (de Itaipú, Manuel María Cáceres) olvida que la Contraloría General de la República es un organismo constitucional de control, cuya función en el orden constitucional de nuestro país (Artículo 137 - de la supremacía de la Constitución), se encuentra por encima de los tratados internacionales”, sostiene el comunicado.
Le recuerdan que la Constitución, en su artículo 283 de los deberes y de las atribuciones, señala que “son deberes y atribuciones del Contralor General de la República: (…) 4. la fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta, en los términos de los respectivos tratados (…)”.
Además, la auditoría de la CGR forma parte del Acuerdo Lugo-Lula, firmado por los jefes de Estado de Paraguay y Brasil el 25 de julio de 2009 en su punto 15.
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“Las declaraciones poco felices de Manuel Cáceres, evidentemente siguiendo instrucciones del presidente Abdo Benítez (h) comprueban una vez más, la intención de perjudicar los intereses nacionales, con un nuevo acto de traición a la Patria”, refieren.
El comunicado agrega que se debe recordar que, según el informe final de la CGR, la aplicación de una tarifa por debajo del costo, violando el Tratado de Itaipú, benefició a Brasil en un 98%. “Sin embargo, Paraguay ha pagado en un 50% la deuda que generó esta violación. Haciendo las cuentas, Paraguay debió dejar de pagar esta deuda en 2008, lo que significa que debemos reclamar, como parte de la revisión del Anexo C de Itaipú, 14 mil millones de US$ (1.000 millones de US$/año) que hemos pagado de más desde 2008 a 2022″, indica.
Por otra parte, las misma organizaciones sociales repudiaron también las declaraciones del ministro de Minas y Energía de Brasil, Adolfo Sachsida anunciando unilateralmente como una “herencia bendita”, la reducción del 38,9% de la tarifa de Itaipú en el 2023.
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“Olvidan que la tarifa de Itaipú se fija de común acuerdo con Paraguay, en el marco establecido en el Tratado de Itaipú, y no puede ser una decisión unilateral de Brasil”, resaltan.
Además, advierten que más preocupante aún resulta que los antecedentes de Abdo Benítez indican que es muy probable que Paraguay ya se encuentre encaminado a ceder en un punto clave como la tarifa. “La tarifa debería ser recién negociada por la siguiente gestión de gobierno que asumirá el 15 de agosto de 2023″, sugieren.