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YPACARAÍ (Departamento Central, Gabriela González Escalada, Virgilio Vera y Enrique Montti, enviados especiales). La gran mayoría de los vecinos que se ubica en las inmediaciones de las vías del extinto Ferrocarril Carlos Antonio López, entre las ciudades de Asunción e Ypacaraí, desconoce absolutamente los planes de Fepasa para implementar el tren de cercanías. Así lo confirmó un equipo periodístico que recorrió este fin de semana los 43 kilómetros que se prevé para el itinerario del tren.
Los lugareños consultados coincidieron en que no recibieron visita alguna de funcionarios que les informen del proyecto de ley para implementar el transporte masivo de personas, en el marco de un acuerdo entre los gobiernos de Paraguay y de Corea del Sur.
La iniciativa se encuentra en estudio en el Senado, y no es sólo el “convenio marco”, sino que crea el fideicomiso para la financiación del proyecto y establece el sistema de contratación para la construcción: una “subconcesión” a una firma estatal coreana, sin licitación.
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La propuesta, que requiere una inversión de US$ 587 millones para ejecutar el plan, y estipula utilizar 14 metros de la franja de dominio del ferrocarril. Esto último es el punto más sensible, pues existen familias viviendo sobre las vías del tren o en las inmediaciones, con terrenos titulados.
Pese al impacto social y económico, pues implicaría mínimamente una indemnización a los afectados con propiedades tituladas desde hace décadas, el titular de la empresa estatal Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Lauro Ramírez, aseguró que “todo está listo para el avanzar en el proyecto”.
Ramírez dijo que dispone de la franja de dominio liberada, pero en un recorrido realizado por un equipo de ABC, se constató que sólo en Asunción, en la zona de Venezuela y Artigas, la gente vive al pocos metros de las vías. Además, la gente afectada ni está enterada de lo que se está estudiando en el Congreso.
En la zona de Luque también se observó a varias familias en precarias viviendas sobre las vías y según dijeron los lugareños, no se les comunicó que serían desalojadas o reubicadas. Esto incluso a pesar de que estas familias “existen para el Estado”, pues fueron censadas recientemente. La gente de la zona de Itauguá y Areguá tampoco sabía nada, según lo señalado a ABC, y ni siquiera el encargado de una gasolinera sabe algo al respecto, acotó el representante del servicentro, Nelson Mora.
El proyecto también “pasa encima” de un banco, así como de un club deportivo.
Todo apunta a que estamos ante otro proyecto que “aplastará” a los vecinos y ellos ni siquiera están enterados.
“Estamos tramitando papeles para mudarnos”
Ana María Gómez (77) es integrante de una las familias que vive en situación precaria en zona de las avenidas Venezuela y Artigas, sobre las vías el tren. Comentó que ya realizó los trámites documentales para ser una de las beneficiadas de las viviendas sociales del barrio San Blas, impulsado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUHV).
Indicó que el espacio en donde vive lo adquirió hace 30 años, a G. 700.000. Contó a ABC, en tono orgullosa, que el sitio se convirtió en el hogar de su familia y montó una despensa, que le permitió generar los ingresos necesarios para pagar la educación de sus tres hijos y alimentarles.
“Vino la gente de Fepasa y MUVH, nos censó a todos y nos pidieron unos papeles. Los trámites en total me costaron G. 250.000″, dijo.
Añadió que está esperanzada con el nuevo hogar, pues la casa será “de material” y contará con los servicios básicos. Aunque no ocultó su temor ante un vídeo que circula del barrio en cuestión, completamente inundado.
Al respecto, Carlos Arias, del MUVH, confirmó que hubo tal inundación en el barrio. Aunque recalcó que ocurrió sólo porque los desagües se encontraban sucios, un problema “que se registra al igual que en todo Asunción”, dijo.
No hay acceso al informe de factibilidad, lamenta
Adolfo Wildberger, representante de los vecinos organizados de la ciudad de Ypacarai, indicó que pidió al Gobierno el estudio de factibilidad de proyecto de implementación del tren de cercanías, sin éxito hasta el momento. Este informe es clave para conocer los aspectos que se tienen en cuenta para la obra.
En cuanto a la idea en sí de poner en funcionamiento un tren, señaló que los pobladores no están en contra. Al contrario, serán los principales beneficiarios, pues además de ahorrar tiempo en traslado, podría atraer dinamismo económico y fomentar el turismo.
Recalcó que los vecinos desean conocer en qué consiste el plan y la afectación de su implementación, y que se aplique la indemnización como lo establece la Constitución Nacional.
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“Nos tratan como si fueramos invasores, y todos tenemos nuestro título. Conforme al proyecto de ley, se aspira a ampliar la franja de 7 metros a 14 metros y así afecta nuestras propiedades”, dijo.
Añadió que de esta manera, no es que la gente se convierte en invasora, al contrario. Puntualizó que para que el Estado utilice parte de las propiedades de la gente, debe abonar la indemnización por las propiedades, y a precio del mercado.
“Vino alguien a medir las distancias”, dicen
Miguel Ángel Fernández, un residente del barrio San Juan de Luque, indicó que su sueño es que el tren vuelva a funcionar, pues le recuerda a su infancia.
Sin embargo, su hogar se ubica a escasos metros de la vías del extinto ferrocarril y a pesar de eso, ningún funcionario se acercó a informar referente a los planes de la obra. “Vi a una persona que vino a medir las distancias con una cinta métrica pero no tenía ningún distintivo, si era un funcionario municipal, del ferrocarril o de obras públicas. Ni acercó a mi”, dijo.
Recordó que es recurrente el tema de que vuelva a funcionar el tren, pero más que anuncios “aéreos” del tema, hasta el momento nadie se acercó a informar de forma seria y responsable referente a planes concretos para hacerlo.
En la zona del barrio Yukyry de Luque se constató que varias familias ocupan la franja de dominio, quienes confirmaron que no fueron informados sobre los planes, a pesar de que viven allí hace tiempo.
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Carmen Roman, lugareña, indicó que hace cuatro años vive sobre la franja de dominio, previa autorización de las autoridades, sin precisar quiénes. También coincidió en que desconoce los planes de implementación del tren.
