Al surgir un proyecto de ley que prohibe a todos los funcionarios públicos de participar en partidos y movimientos políticos, se discute su pertinencia constitucional respecto del derecho universal al sufragio. Sin embargo, esbozo que la limitación a los mismos de ninguna manera riñe con ninguna disposición constitucional. El criterio reinante responde a la idea que la función pública requiere dedicación y consagración total y absoluta al Estado, es decir, quien forma parte de ella no puede dedicarse a ninguna otra actividad privada. Esta tesis, implica prácticamente la apropiación total de los servicios del individuo. En principio, este derecho ha de significar la prohibición del ejercicio de otra actividad privada, ya que respecto de las actividades públicas, la tendencia dominante es la de incompatibilidad, que se materializa diciendo que una función es incompatible con cualesquiera otras de la misma índole, salvo texto legal expreso que autorice tal situación de excepción. Sin embargo, es indudable que el ejercicio de este derecho tiene limitaciones que nacen no solo de la sana razón sino de lo que significa la calidad de funcionario público.
4 de octubre de 2024