La Corte Suprema ordenó que, desde marzo de 2023, los funcionarios judiciales sean contratados o nombrados, ya no podrán activar en política partidaria. En caso de incumplimiento pueden ser desvinculados. Esta medida es “arbitraria e inconstitucional” por parte de los ministros de la Corte y se tiene que rever, advierten desde el sindicato de funcionarios judiciales del Paraguay.