El hecho ocurrió la madrugada del 7 de julio, en el cantón (municipio) de Quevedo, uno de los más golpeados por el auge delictivo en la provincia, cuando miembros de las Fuerzas Armadas se encontraban realizando un operativo de control de armas y explosivos en la zona, como parte de uno de los estados de excepción decretados en el país contra el crimen organizado en 2024.
Según la Fiscalía, un agente de tránsito de 22 años, que conducía un vehículo particular acompañado de tres amigos, intentó evadir el control de seguridad, por lo que el ahora militar procesado decidió disparar contra el automóvil.
"El proyectil atravesó la puerta del automotor, impactó en el abdomen del conductor y causó su muerte inmediata", detalló el Ministerio Público en un comunicado.
Tras el hecho, el oficial fue identificado y procesado con medidas de impedimento de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.
En ese entonces, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador señaló que el vehículo en el que se movilizaba el agente de tránsito y sus acompañantes no tenía placas (matrículas) identificativas, por lo que le pidieron al conductor que se detuviera. "Pero él aceleró la marcha del auto e intentó darse a la fuga", señaló.
Las autoridades militares dijeron que el disparo se había realizado "en uso legítimo de la fuerza" en un intento del personal de detener el vehículo, y que brindarían "todas las facilidades" para que el hecho se esclarezca.
Durante la audiencia, el fiscal que lleva el caso presentó como pruebas el protocolo de autopsia, el acta del levantamiento del cadáver, el informe de reconstrucción de los hechos, la pericia de trayectoria balística, el informe de audios y videos del hecho, entre otras evidencias.
Y fue con base en esos elementos que el juez decidió que sea juzgado el militar autor del disparo por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, que se sanciona con una pena de cárcel de 7 a 10 años.
También ratificó las medidas cautelares que se le habían dictado al militar con anterioridad. Es decir, podrá seguir defendiéndose en libertad.
Como este caso, varias otras denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos han sido recogidas por organizaciones como Human Rights Watch (HRW) en el marco del "conflicto armado interno" declarado en Ecuador por el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 para luchar contra el crimen organizado.
Según el organismo, existen al menos 15 presuntas ejecuciones extrajudiciales, más de 80 casos de presuntas torturas y más de 200 casos de extralimitación en el uso de la fuerza en todo el país.